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USO DENUNCIA QUE NUESTROS POLÍTICOS SE VUELVEN A OLVIDAR DE LA CLASE TRABAJADORA

El sindicato USO denuncia que nuestros gobernantes vuelven a olvidarse de la clase trabajadora de nuestra región tras el anuncio de la retirada de los presupuestos de la Junta y la incapacidad que demuestran para llegar a acuerdos, generando incertidumbre al no contener los presupuestos prorrogados de 2024 las partidas presupuestarias necesaria para hacer frente a actuaciones necesarias que consideramos urgentes.

Ahora más que nunca, necesitamos respuestas y medidas valientes por parte del Gobierno Autonómico y de los Grupos Políticos de la Asamblea para aclarar esta incertidumbre y contribuir a la mejora de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de las personas trabajadoras de nuestra región.

Por los derechos laborales y servicios públicos de calidad

Desde USO se han requerido en numerosas ocasiones al Gobierno autonómico que se pongan en marcha determinadas medidas que contribuyan a mejorar las condiciones económicas de numerosos colectivos, haciendo oídos sordos a estas y perpetuando la hoja de ruta instaurada por los anteriores Gobiernos de nuestra región y que impiden que consigamos salir del vagón de cola a nivel nacional en cuanto a condiciones laborales. La prórroga de los presupuestos de 2024 supone la suspensión de avances necesarios, como:

  • La devolución del 2% correspondiente a la subida salarial de 2020, comprometida pero no ejecutada.
  • La actualización de complementos por nocturnidad, turnicidad, domingos y festivos, que reconocen el esfuerzo de quienes trabajan en las condiciones más exigentes.
  • La falta de claridad sobre las partidas necesarias para garantizar la continuidad de servicios fundamentales, como las aulas experimentales 1-2 y los puestos de Técnicos en Educación Infantil (TEI), que afectan directamente al sistema educativo y al bienestar de nuestros niños y niñas.

En concreto, desde USO se han pedido mejoras laborales para las personas que trabajan en empresas que han resultado adjudicatarias de servicios públicos a través de concesiones públicas, como pueden ser las de vigilancia de seguridad o transporte sanitario, entre otras, ya que los pliegos de condiciones de concesión del servicio pueden recoger mejoras laborales y retributivas que consideramos conveniente recoger y que no implicarían un incremento de gasto en las arcas públicas.

Con respecto a empleados y empleadas públicas, desde USO se ha pedido la equiparación retributiva y laborales entre las Administraciones de nuestra región: “A día de hoy podemos encontrarnos con ejemplo como que un administrativo que trabaje en la Diputación de Cáceres tiene unas retribuciones brutas anuales superiores en 6.918€ que en la administración general de la Junta de Extremadura o que un bombero forestal del INFOEX percibe unas retribuciones inferiores en 4.700€ anuales que en el INFOCA”, informa Luis Gil.

Las retribuciones del personal de la Junta llevan décadas sin revisarse, quedando ancladas en el siglo XX, mientras las funciones que desempeñamos responden a las necesidades y demandas de una Administración del siglo XXI. Esta inacción sindical, sumada a la falta de prioridad de la Junta de Extremadura, ha permitido diferencias salariales intolerables entre sus trabajadores y los de otras administraciones públicas en la región, que oscilan entre 3.000€ y 12.000€ anuales.

Por la estabilidad de los Técnicos de Educación Infantil

Otro asunto de gran importancia es el despido de 227 personas contratadas de manera temporal como Técnicos en Educación Infantil. Desde el pasado mes de noviembre, el Gobierno está enviando mensajes contradictorios sobre la continuidad de estas personas en sus puestos de trabajo, informando en su día de la creación de estas plazas al considerar que las funciones que están desarrollando son permanentes. Por este motivo, desde USO hemos solicitado en varias ocasiones que se regularice la situación de estas personas, transformando sus contratos en indefinidos y permaneciendo en sus puestos hasta la cobertura reglamentaria del mismo a través de una convocatoria pública.

Nuevo proceso de estabilización

El Gobierno Autonómico no ha cumplido con la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad:

  • No ha cumplido con el plazo máximo para su finalización, que era el 31 de diciembre de 2024.
  • No cumplirá con la tasa de temporalidad máxima del 8%.

Sería necesario la convocatoria de un nuevo proceso extraordinario de estabilización donde se reconozca la dedicación de nuestros compañeros y compañeras que llevan décadas desempeñando sus funciones y sufriendo el incumplimiento de la Junta en las convocatorias de oposiciones. No han podido planificar su futuro por la inacción de la Junta, han ocupado los puestos más precarios de las administraciones, han tenido que pelear en los tribunales la igualdad de derechos con respecto a sus compañeros fijos y, nuevamente, la administración los vuelve a maltratar expulsándoles de sus puestos de trabajo por intereses políticos y no convocando unos procesos de estabilización justos.

Una llamada a la responsabilidad política

Desde USO, instamos al Gobierno regional y a los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura a que trabajen con altura de miras, priorizando los problemas reales de nuestra sociedad. No podemos permitir que la falta de consenso político continúe perjudicando a los trabajadores y trabajadoras, ni a los ciudadanos que dependen de unos servicios públicos de calidad.

Con todo esto, desde USO instamos a los grupos Políticos de la Asamblea de Extremadura que se centren en los problemas de nuestra sociedad, que prioricen la resolución de los mismos a los intereses políticos de cada uno de ellos y que respondan a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas para poder contribuir a la prestación de unos servicios públicos más eficientes y que podamos abandonar en triste honor de ser una de las regiones con peores condiciones laborales.

USO expresa su profunda preocupación por la retirada de los Presupuestos de 2025 y sus implicaciones para los trabajadores de la Junta de Extremadura

Badajoz 22 de enero de 2025.-

 

El sindicato USO manifiesta su preocupación ante la retirada del proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2025, decisión tomada por el Gobierno autonómico tras la ruptura de las negociaciones con el PSOE. Esta situación genera un escenario de incertidumbre que afecta tanto a los trabajadores de la Junta de Extremadura como a la calidad de los servicios públicos esenciales.

 

Impacto sobre los trabajadores y los servicios públicos.

La prórroga de los presupuestos de 2024 implica la paralización de importantes avances laborales, como la devolución del 2% correspondiente a la subida salarial de 2020 para los empleados públicos, además de la falta de dotación para actualizar complementos por nocturnidad, turnicidad, domingos y festivos. Estas medidas, comprometidas previamente, ahora quedan en suspenso, lo que supone un grave perjuicio para los derechos laborales y económicos de miles de trabajadores.

A esto se suma la incertidumbre sobre si habrá partidas presupuestarias suficientes para garantizar la prestación de servicios fundamentales como las aulas experimentales 1-2 de los centros educativos y la continuidad de los Técnicos en Educación Infantil (TEI), esenciales para el correcto funcionamiento del sistema educativo y el bienestar de los niños y niñas de Extremadura.

 

Negociaciones en el aire.

La falta de presupuestos afecta directamente a las negociaciones en marcha en las mesas técnicas, ya que muchas de las mejoras planteadas dependen de partidas presupuestarias específicas supuestamente incluidas en el proyecto de Presupuestos de 2025. Sin un marco económico claro, el futuro de estas negociaciones queda en entredicho, generando una profunda incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras.

 

Mantenemos la manifestación para exigir soluciones inmediatas.

Desde USO, queremos enfatizar que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Por ello, a pesar de la retirada de los presupuestos, mantenemos la convocatoria de manifestación para mañana ante las puertas de la Asamblea de Extremadura a las 16:30, con el objetivo de exigir al Gobierno regional y a los grupos políticos que retomen el diálogo de forma inmediata.

Reclamamos un compromiso firme para garantizar las condiciones laborales de los empleados públicos y del conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestra región, así como la continuidad y calidad de los servicios esenciales que dependen de la aprobación de un presupuesto actualizado y adecuado.

 

Hacemos un llamado a la responsabilidad política.

Instamos al Gobierno regional y a todos los Grupos Políticos de la Asamblea de Extremadura a que trabajen conjuntamente en la elaboración de unos presupuestos que prioricen las necesidades reales de los trabajadores públicos y de la ciudadanía extremeña. Es fundamental garantizar que no se pongan en riesgo servicios esenciales ni los derechos laborales por falta de consenso político.

 

El Supremo anula el despido de un trabajador de Ambuvital que desobedeció una orden ilegal

  • El Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz no observó represalias, tampoco el TSJEx, pero sí el Tribunal Supremo que anula el despido y ordena la readmisión.

El 27 de septiembre de 2022, la empresa Ambuvital quien presta el servicio público de transporte sanitario para el Servicio Extremeño de Salud, procedió al despido de Maikel Herrero, afiliado a USO y conocido trabajador por sus reivindicaciones frente a la empresa. Los motivos alegados por la empresa fueron que el 6 de julio de 2022 el trabajador se negó a realizar dos servicios programados que le asignaron a última hora. En aquel momento la jornada del trabajador ya iba a alcanzar las 12 horas de trabajo, de hacer los servicios serían 14 horas las que realizaría esa jornada.

“La orden era absolutamente ilegal, incluso podría ser que todo hubiera sido orquestado para despedirlo. Lo que no podíamos creer es que el despido no hubiera sido anulado ya en primera instancia con todos los antecedentes que había.“ – apunta Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

Previo a aquellos hechos el trabajador había realizado diversas reclamaciones ante la empresa, denunciado que continuamente desde la central se le asignaban servicios desde fuera de la jornada teniendo que alargar la misma, muchas veces con cansancio, poniendo en peligro a sí mismo, a los pacientes y cualquier usuario de la vía. También constaban probados contactos con Inspección de Trabajo y poco después del despido el trabajador fue elegido miembro del comité de empresa en las elecciones a las que se pudo presentar por tener demandado su despido como nulo.

“Ante todo ello debió haber operado la garantía de indemnidad que protege a los trabajadores de los despidos y sanciones de los que puedan ser objeto por sus legítimas reivindicaciones, sin embargo el juzgado de lo social no encontró conexión ni vio indicios de vulneración del derecho fundamental y simplemente decretó el despido como improcedente ofreciendo una indemnización al trabajador, que este rechazó coger para iniciar los trámites del recurso.“ – apunta Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

El primer recurso tampoco prosperó y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la sentencia del juzgado de Badajoz. No obstante se formuló correspondiente recurso de casación por unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo y sus magistrados sí que identificaron en los hechos probados una represalia. Los magistrados explican en su Sentencia que la garantía de indemnidad protege a las personas trabajadoras de ser represaliadas por cuestionar las órdenes de su empresa y demandar sus legítimos derechos, no sólo ante los juzgados sino también con carácter previo, lo que en este caso incluía diversos correos y contactos con la Inspección de Trabajo.

El Supremo ha visto claramente la conexión y es más, ha tildado la orden que recibió el trabajador como “claramente ilegítima por contraria a la ley y por atentatoria al derecho a la seguridad y salud” y termina exponiendo que resulta obvio que el despido se había operado por lo “molesto y reivindicativo” que resultaba el trabajador.

“Cada vez son menos las personas trabajadoras que se atreven a desobedecer a sus jefes, incluso frente a órdenes ilegales, por miedo de verse al paro con muchas facturas que pagar y bocas que alimentar. Necesitamos que los juzgados sean capaces de identificar los indicios de represalia e invertir la carga probatoria para determinar la vulneración del derecho fundamental. Mientras no sean decretados más despidos nulos con los que las personas trabajadoras puedan ganar confianza, el miedo al despido seguirá convirtiendo las relaciones laborales en puro vasallaje.” – indica Víctor Arnelas.

Por desgracia muchas empresas ven el despido como una solución fácil y en muchos casos económica de quitarse de en medio a trabajadores molestos y reivindicativos ya que desde la reforma laboral de 2012 resulta excesivamente barato despedir de manera improcedente. En USO consideramos que los jueces deberían tener esto en cuenta y realizar más esfuerzos para identificar estos casos, por suerte los del Supremo lo están haciendo, al menos en el caso expuesto.

En cualquier caso, en USO nos sentimos orgullosos de contar en nuestras filas con personas capaces de defender sus derechos hasta el último extremo, a sabiendas de cuales podían ser las consecuencias ya que el trabajador siempre valoró la posibilidad de ser despedido y eso que por entonces se encontraba esperando familia.

“Ahora la empresa deberá reintegrar al trabajador en su plantilla y abonarle los salarios dejados de percibir. Además condena a la empresa Ambuvital a abonarle seis mil euros en concepto de indemnización por daños morales. Dos años después se ha hecho justicia pero nadie puede devolverle a Maikel todo este tiempo sin que la hubiera habido y en el que tuvo que dimitir del comité de empresa para dejar paso a otro compañero que sí estuviera en ese momento trabajando.” – concluye el coordinador regional.

Desde USO animamos a todas aquellas personas trabajadoras que reciben tratos ilegales por parte de sus empleadores a combatirlos, esta es la única manera de acabar con ellos. Mientras por miedo se siga obedeciendo sin rechistar, incluso ante lo injusto. Si este país quiere prosperar lo primero que debe hacerse es acabar con todas aquellas empresas que incumplen la ley y hacen de la precariedad su negocio.

Para finalizar poner en valor el buen hacer de todos aquellos empresarios y empresarias que procuran el cumplimiento de la ley y respetan los derechos de sus personas trabajadoras. Con estas empresas la Unión Sindical Obrera siempre estará dispuesta a dialogar y llegar a acuerdos en beneficio de todos y de todas.

LA USO SE ADHIERE A LA PLATAFORMA SINDICAL EN DEFENSA DE MUFACE Y CONVOCA A LAS MOVILIZACIONES DEL 11 DE DICIEMBRE

El Sindicato USO (Unión Sindical Obrera) ha decidido unirse a la plataforma sindical creada para defender la existencia de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, ante los graves riesgos que la desaparición del Mutualismo administrativo supondría para los trabajadores y trabajadoras del sector público, así como para la sociedad en su conjunto.

La adhesión de la USO a esta plataforma responde a la creciente preocupación por las implicaciones que tendría la eliminación del sistema actual, sistema que ha garantizado el acceso a servicios sanitarios de calidad para miles de trabajadores públicos y sus familias. La desaparición de este sistema podría generar un colapso aún mayor en el ya sobrecargado sistema sanitario público, afectando no solo a los beneficiarios de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, sino también a la ciudadanía en general.

El sindicato considera que el desmantelamiento del mutualismo administrativo sería una grave injusticia para los empleados públicos, que perderían derechos adquiridos y acceso a una atención médica más ágil, sobrecargando aún más la atención primaria y los recursos del Sistema Nacional de Salud. La USO hace un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público para que se sumen a las movilizaciones convocadas para el próximo 11 de diciembre, en las que se exigirá la preservación del sistema actual y el mantenimiento de los derechos de los empleados públicos.

Las movilizaciones se llevarán a cabo en diversas ciudades, con el objetivo de visibilizar la defensa del sistema de y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de preservar este derecho que, de no ser atendido, tendrá repercusiones para todos los ciudadanos. En Extremadura están convocadas movilizaciones a las 18:00h frente a las oficinas de MUFACE, en Cáceres en la Avda. Virgen de la Montaña nº 13 y en Badajoz en la Avenida de Europa nº 1.

USO denuncia el incumplimiento de los plazos de la Ley de reducción de la temporalidad por parte del Gobierno de María Guardiola.

La Junta pretende modificar las Bases de las convocatorias para eliminar el plazo de reclamación de los aspirantes y adelantar su finalización 2 semanas.

Mérida, 5 de diciembre de 2024.- El 28 de diciembre de 2021 se publicó en el BOE la Ley de Reducción de la Temporalidad en el sector público y se establecían la realización de unos procesos de estabilización de empleo temporal para cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas por personal temporal con anterioridad a 2018 mediante procesos de oposición libre. Esta Ley establece que la realización de estos procesos debe estar finalizados a 31 de diciembre de 2024, situación que no va a cumplir el Gobierno de la Presidenta María Guardiola.

Han sido numerosas las intervenciones que han realizado la Sra. Consejera de Hacienda y Administración Pública y su Director General, tanto en la Asamblea de Extremadura como en otros foros, donde han garantizado la finalización de estos procesos dentro del plazo establecido, pero finalmente han reconocido lo que desde USO veníamos anunciado desde hace meses y es el incumplimiento del plazo fijado para la finalización de los mismos.

El pasado 18 de marzo, en intervención en la Asamblea de Extremadura, el Director General de Función Pública informaba a los grupos políticos de los avances de los procesos de estabilización y garantizaba su finalización en plazo. En esa intervención, también se informó de los avances en las baremaciones de los aspirantes que participaban en este proceso y que entre los meses de marzo y abril estarían finalizadas, para que comenzasen a tomar posesión de sus puestos a partir del mes de julio. En esta intervención, el Sr. Director General faltó a la verdad, no sabemos si por desconocimiento de la situación o intencionadamente, para difundir una información incorrecta sobre la situación de estos procesos. La realidad es que la baremación de estos procesos de estabilización por concurso de méritos no se inició hasta mediados de junio, ya que la mayoría de los tribunales encargados de controlar estos procesos se constituyeron a partir del 17 de junio. Además, en otra intervención en la Asamblea del 19 de julio de 2024, se volvía a indicar nuevamente que los Tribunales estaban finalizando sus baremaciones, cuando, a día de hoy, hay Tribunales que no han podido empezar todavía la baremación de determinadas categorías y especialidades y que difícilmente podrán hacerlo dentro del plazo del 31 de diciembre.

Han sido numerosas las preguntas que desde USO se han remitido a Función Pública sobre el desarrollo y plazo de finalización de los mismos y la respuesta que se ha recibido siempre ha sido la misma: se finalizarán a 31 de diciembre de 2024, algo que con la última reunión del pasado lunes ha quedado en entredicho cuando la propia Administración propone modificar las bases de las convocatorias para reducir plazos de recurso de los aspirantes para así llegar al 31 de diciembre.

Ante esta situación, desde el Gobierno de la Presidenta María Guardiola se intenta enmascarar el incumplimiento de los plazos establecidos por Ley, ideando argumentos que justifiquen su retraso con ideas como dar por finalizados los procesos en el momento en el que se publiquen las listas de aprobados, en lugar de cuando se realice la toma de posesión efectiva de las personas que obtengan plaza en estos procesos, o modificando las bases de las convocatorias justo antes de la finalización de las mismas para eliminar los plazos de reclamaciones a los que tienen derecho sus participantes, para así ganar 10 o 15 días y hacer ver que han cumplido con su objetivo.

¿Reducción de la temporalidad como finalidad?

Pero uno de los puntos más sangrantes de estos procesos de estabilización será el que se nos transmite desde Función Pública informando que una misma persona podrá tomar posesión de más de una plaza en estos procesos de estabilización y dejarlas en excedencia, incumpliendo claramente el espíritu de esta Ley, que es la estabilización del empleo temporal, no la colección de plazas por aspirantes que hayan superado más de un proceso selectivo. Ante esta situación, desde USO hemos transmitido al Director General que se busquen las herramientas necesarias para que estabilicen el mayor número posible de personas, ya que hay Administraciones que sí han tomado decisiones para fomentar la estabilización del mayor número posible de personas. Si esta situación no se corrige, se estará perpetuando el empleo temporal, incumpliendo también las directrices de Europa que nos obligan a reducir la temporalidad hasta el 8%. Desde USO no entendemos como a un mes de finalización de estos procesos se cambia de postura cuando, desde hace meses, se nos lleva afirmando rotundamente por parte de la Sra. Consejera y el Director General, que esta situación no iba a producirse y tenían planificado cómo limitar el que solamente se pudiese tomar posesión de una única plaza por cada aspirante.

La paralización que han sufrido estos procesos durante casi un año, ya que el actual Director General de Función pública fue nombrado en agosto de 2023 y los procesos de estabilización no se han comenzaron a baremar hasta finales de junio de 2024, además de la falta de formación de los Tribunales de selección que ha provocado que determinados Tribunales hayan tenido que baremar hasta tres veces a los mismos aspirantes por el cambio de criterios que se han ido transmitiendo a los Tribunales, han provocado la situación actual de incumplimiento de la Ley de Reducción de la temporalidad.

Retrasos en el concurso de traslados.

Este incumplimiento del plazo establecido en la Ley va a generar además otro gran perjuicio al colectivo de empleadas y empleados públicos laborales fijos de la Junta de Extremadura que han participado en el concurso de traslados que verán, previsiblemente, retrasada su toma de posesión, ya que la Junta acordó con los sindicatos en agosto de 2022 en la Mesa de negociación la resolución acompasada de los procesos de estabilización y del concurso de traslados.

Desde USO exigimos al Gobierno de la Presidenta María Guardiola que cumpla con la Ley, dé transparencia a estos procesos de estabilización, informe a las personas que participan en los mismos, que dé certidumbres sobre los plazos reales de finalización y de toma de posesión de las plazas, que busque herramientas legales para que estabilicen el mayor número de personas en una sola plaza y que se compense a las personas que están pendientes de la resolución del concurso de traslados por el perjuicio económico que están sufriendo por todos estos retrasos.

EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES ES CONDENADO A ABONAR LAS DIFERENCIAS SALARIALES A UN FUNCIONARIO LOCAL POR LAS FUNCIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS.

El juzgado de lo contencioso administrativo n. º1 de Cáceres ha estimado la demanda presentada por un funcionario local que durante algo más de seis meses realizó las funciones de conductor de Alcaldía y no fue retribuido por ello.

El trabajador demandante tomó posesión como funcionario de carrera tras superar el correspondiente proceso selectivo para el puesto de mecánico-conductor en el Ayuntamiento de Cáceres. El mismo día de su nombramiento fue designado de manera oficiosa y no oficial para ejercer las funciones de conductor del Alcalde, un puesto que, debido a sus peculiaridades, ostenta unas mayores retribuciones con respecto al puesto de mecánico-conductor. La realización de dichas funciones obedecía a una situación de urgente e inaplazable necesidad, por lo que el demandante de buena fe y siguiendo instrucciones de los técnicos de recursos humanos asumió las tareas y funciones, sin más.

El objeto del litigio nace cuando el funcionario local solicita el abono de las diferencias salariales entre el sueldo que percibe y las funciones que realmente ha estado realizando como conductor de Alcaldía. El Ayuntamiento de Cáceres nunca llegó a resolver su solicitud y tampoco le facilitó el acceso al expediente administrativo. A todo ello hay que sumar que tampoco se le habían abonado la realización de las horas extraordinarias realizadas durante dicho periodo de tiempo, a pesar de estar debidamente autorizadas y con el visto bueno del Alcalde y de los responsables de los servicios competentes. El funcionario demandante decide registrar una nueva solicitud reclamando las diferencias salariales y el abono de las horas extraordinarias, pero se encuentra de nuevo frente al silencio de la administración local, y por ello se ve forzado a acudir al auxilio de los tribunales.

Un año después de la reclamación realizada a la administración, el pasado día 4 de noviembre se celebró la vista oral en el juzgado de lo contencioso administrativo n. º 1 de Cáceres. La administración defendida por un profesional externo se opuso de lleno al abono de las diferencias salariales al no existir un nombramiento oficial para realizar las funciones encomendadas, cuestión que caería por su propio peso, ya que la falta de diligencia y el mal actuar de la administración no podría ser de ningún modo achacable al trabajador.

Como era de justicia, el titular del juzgado dictó sentencia estimatoria de todas las pretensiones planteadas, reconociendo al trabajador el derecho a percibir el abono de las diferencias salariales entre su puesto de origen y las funciones realizadas como conductor de Alcaldía. Del mismo modo se estima que se le deben abonar todas las horas extraordinarias realizadas, a pesar de que el Convenio de aplicación limita su realización a 60 horas anuales, pero ello no impide denegar la retribución de las mismas, ya que según lo recogido en la propia resolución judicial, nadie se puede oponer a su propia torpeza, y si el demandante superó ese máximo legal fue porque la propia administración lo había permitido.

A todo ello, cabe reseñar que el juzgador acertada y valientemente ha condenado expresamente al Ayuntamiento al pago de las costas judiciales.

Desde el sindicato USO nos alegramos de esta sentencia, que además es firme, desde esta organización siempre apoyaremos y defenderemos a los empleados que luchan por sus derechos, pero nos entristece que la administración haciendo un uso abusivo y voraz de la ficción jurídica del silencio administrativo, arrastre a los ciudadanos a litigar en los juzgados las cuestiones que pueden resolverse en la propia administración quien está obligada a servir bajo el principio de la buena fe.

No queremos dejar en el olvido que la ineptitud del Consistorio la abonarán todas y todos los cacereños, ya que tendrán que afrontar el pago de los servicios de un letrado externo y las costas judiciales, dinero que sin duda podría haber sido destinado a servir a la ciudadanía.

 

USO acoge con reservas la venta de Ambuvital a un fondo de inversión

  • La empresa les comunicó este lunes la venta, aunque han afirmado que se lleva fraguando un tiempo.

La Unión Sindical Obrera ha acogido con reservas la venta de Ambuvital a un fondo de inversión anunciada en el día de ayer a los representantes sindicales por parte de los que hasta ahora eran los propietarios de la empresa.

“Aunque hayamos tenido nuestras diferencias con los anteriores propietarios siempre es triste que una empresa 100% de capitalización extremeña, probablemente la mayor empresa de toda la región en número de trabajadores, acabe en un fondo de inversión del que aún desconocemos la identidad.“ – asegura Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

Los anteriores dueños no han querido dar nombres pero el sindicato encuentra pistas en la licitación del servicio de ambulancias de Castilla La Mancha donde Ambuvital concurre junto a la empresa SSG.

“Dos y dos son cuatro. SSG siempre concurre en UTE con alguna de sus otras empresas por lo que todo parece indicar que será este entramado de empresas al que haya ido a parar Ambuvital.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

En cualquier caso desde USO aclaran que la empresa seguirá existiendo tal y como se la conoce y que la misma seguirá prestando el contrato que mantiene con el Servicio Extremeño de Salud, aunque se lamentan de la deriva que está llevando todo el sector.

“Se trata de una operación que viene siendo demasiado habitual en el transporte sanitario. En tiempos del INSALUD la mayoría de los empresarios eran pequeños cooperativistas y a lo largo de los años esto ha pasado a ser un sector en el que 3 o 4 grupos monopolizan el mercado. Aunque en los distintos contratos que licitan las comunidades autónomas vemos adjudicatarios muy diversos resulta que detrás de los mismos están básicamente los mismos grupos. Reparten riesgos licitando con distintas empresas y si con alguna les sale mal la cierran y punto.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

Para el sindicato el negocio de las ambulancias es demasiado propenso a que esta situación se produzca ya que todas las Administraciones comparten el mismo modus operandi.

“Las Administraciones adjudican a precio, por mucho que pretendan defender otra cosa, y es evidente que este tipo de grupos pueden ofrecer mejores ofertas ya que casi todo lo material lo adquieren a lo grande y ven el mercado como un todo, haciendo uso de mucha ingeniería financiera que sólo funciona cuando posees un gran capital.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

En cualquier caso, para USO fondo de inversión es sinónimo de precariedad laboral por lo que afirman que estarán muy atentos a las intenciones de los nuevos propietarios.

“Realmente nos da igual quien esté detrás de la compra, sabiendo que es un fondo de inversión ya podemos afirmar que los problemas en Ambuvital no acaban con esta venta. No obstante el beneficio de la duda nunca se niega por lo que trataremos de empezar de 0 con quien venga. Valga decir que los nuevos dueños además de hacerse con el control de Ambuvital se hacen con el control de ATRANSANEX, la patronal extremeña del transporte sanitario y por tanto serán ellos con los que nos toque seguir negociando el convenio colectivo.” – Concluye Víctor Arnelas.

Respecto a esto último, los sindicatos se reúnen el próximo día 5 para decidir si mantienen los términos económicos preacordados con la patronal antes de la venta de Ambuvital, o si por el contrario toman en consideración las palabras de la consejería de sanidad y rebajan las expectativas. La reunión con la patronal será el día 11 y aún desconocen si los nuevos propietarios de Ambuvital comparecerán a la cita si bien desde USO esperan que las presentaciones lleguen antes.

USO acusa a la Junta de Extremadura de poner la pierna encima a los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias

  • El sindicato considera inaceptable el chantaje que la Consejería de Sanidad les está haciendo a plena de luz del día y con la cara descubierta.

Desde la Unión Sindical Obrera queremos denunciar el último capítulo de la historia de la indecente precarización del servicio de ambulancias que se lleva orquestando por los distintos gobiernos regionales desde hace ya casi 30 años.

“Culpables son todos, desde el de Ibarra hasta el de Guardiola, pasando por los de Fernandez Vara y Monago. Los gobiernos de las Junta de Extremadura llevan años mirando para otro lado ante los abusos empresariales, lo que ha terminado año tras año por precarizar un sector que necesita obligatoriamente desmarcarse de la ley de desindexación para adecentarse. Estos gobiernos han estado gozando un servicio de ambulancias sobredimensionado por un precio irrisorio comparado con nuestras comunidades vecinas, todo ello a costa de las personas que trabajan en el sector, lo que resulta totalmente indecente.“ – asegura Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

Desde USO nos tememos que durante los próximos días o semanas los principales partidos políticos de la región se dediquen a arrojarse acusaciones mutuas mientras obvian que el problema radica en que llevan años aprovechándose de ofertas absolutamente temerarias por parte de las distintas adjudicatarias, sin querer saber nada de los abusos laborales que las sustentaban.

“La consejería pretende engañar con falacias a todo aquel que la escucha. Habla de una disminución de horas de trabajo hasta las 1800 como si ello consistiera en una mejora cuando se trata de una jornada laboral muy por encima del personal del SES que tiene una ordinaria de 1519 horas, menor incluso si se realiza trabajo nocturno. Hasta en el sector privado es fácil encontrar jornadas de trabajo bastante inferiores a las 1800 anuales” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

La realidad es los trabajadores del servicio de ambulancias en Extremadura eran los ciudadanos españoles que más horas realizaban de todo el país y si han bajado al horario normal que cualquier otra persona puede tener ha sido gracias a demanda de USO que fue estimada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2022.

“Evidentemente con la bajada de horas el salario se ha visto muy afectado y la mayoría de las personas que trabajan en el sector han tomado conciencia de cuanto de precario era su trabajo. Una vez que venimos de un convenio colectivo que menosprecia a las personas que trabajan en el sector se ha pedido a todos los agentes implicados, patronal y Administración, que hagan el esfuerzo necesario ya que una subida racional, como la de otros sectores, no aporta nada.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

Somos conscientes de lo que pedimos y en la Unión Sindical Obrera no tenemos ningún reparo en reconocerlo. Solicitamos una subida muy superior a la de cualquier otro sector, pero es que hay que tener en cuenta que el salario de una persona que trabaje en este sector es únicamente 50 céntimos la hora superior que hace 14 años, y se dice pronto. Y además desde entonces se ha exigido a estas personas una titulación que antes no se exigía.

“Se trata de un sector cuya capacidad de movilización es prácticamente nula. Con servicios mínimos de un 100% no hay margen de maniobra y la realidad es que los sindicatos parecemos ahora mismo mendigos pidiendo limosna. Estamos a lo que nos quieran dar y esto es humillante. Pedimos altura de miras al Gobierno y que deje de chantajear. Ahora sabemos que hay dinero para ello.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO.

En USO creemos estar ante una extorsión en toda regla. Desde la consejería dejan en nuestra mano, y más concretamente en firmar un convenio a la baja, que el contrato pueda licitarse de nuevo o por el contrario renovarse hasta 2027. Esto es algo intolerable, y más tras saber que la junta dispone de al menos 64 millones de euros al año para destinar a este servicio.

“Nunca hubo tanto dinero y tan mal puesto. La Junta ha demostrado que tiene presupuesto suficiente para dar el empujón que este servicio público necesita. Ahora tan sólo hace falta que haga bien su trabajo, se deje de postureos innecesarios y solucione este problema como es debido. Así se comprometió la Presidenta Guardiola y así llevamos esperando más de un año.” – Concluye Víctor Arnelas.

LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ VUELVEN A CONCENTRARSE POR LA FALTA DE NEGOCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Los sindicatos USO, CCOO y UGT han vuelto a convocar otra concentración en protesta por la falta de negociación que el Ayuntamiento de Badajoz perpetúa en el consistorio. Ante el lema «NO A LA IMPOSICIÓN Y SÍ A LA NEGOCIACIÓN» los trabajadores se han reunido bajo el siguiente manifiesto:

Primero:
Como ya hicimos el pasado 28 de mayo, volvemos a concentrarnos en esta ocasión frente al Palacio Municipal para exigir, una vez más, la creación de un nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo y su correspondiente RPT. Es imprescindible que este catálogo retribuya y valore de forma justa, actualizada y acorde a la realidad, a todas las trabajadoras y trabajadores de este Ayuntamiento, quienes llevan soportando un desfase retributivo de 24 años en comparación con las principales administraciones públicas de la región.
La reciente negociación mantenida entre el alcalde y CSIF sobre la próxima licitación del contrato para la actualización del catálogo de puestos de trabajo constituye una falta de respeto hacia los órganos de representación de los trabajadores. Desde Uso, CCOO Y UGT sindicatos con mayoría de representación de los trabajadores de este Ayuntamiento en Mesa General de Negociación, conminamos a que este Ayuntamiento negocie de manera urgente y responsable la actualización del catálogo de puestos de trabajo y la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Es en este espacio, legítimo y representativo, donde deben abordarse temas de tanta relevancia para todos.

Segundo:
Esta acción unilateral muestra una clara intención de desprestigiar el esfuerzo sindical de estos tres sindicatos, que trabajamos de forma conjunta para reivindicar este nuevo catálogo. Sin embargo, lejos de debilitarnos, estas conductas refuerzan nuestra convicción y nuestra determinación de mantenernos firmes en la defensa de los derechos de todas y todos los trabajadores de este Ayuntamiento.
Pedimos al Ayuntamiento que aplique el mismo esfuerzo en modernizar esta administración, valorando a su personal y retribuyéndolo de forma justa y acorde a los tiempos actuales. Es hora de reconocer el trabajo de quienes sostienen día a día esta institución.

Tercero:
Volvemos a decir que, nos resulta inadmisible que se haya trasladado la idea de que un aumento de la jornada laboral compensaría la pérdida de poder adquisitivo que las trabajadoras y trabajadores han sufrido por la falta de actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo y su RPT durante más de 20 años. La solución no está en el aumento de la jornada laboral, más allá de la legalmente establecida, sino en dignificar y regularizar las condiciones salariales y laborales.

USO reclama mas medios humanos y materiales para el servicio de limpieza viaria y rsu de Mérida

La Unión Sindical Obrera de Extremadura, reclama y denuncia que los/as trabajadores/as del servicio de limpieza y basura de Mérida, se encuentran bajo mínimos y que la maquinaria no se renueva, que se realizan trabajos que no están contemplados en la licitación y que además el numero de trabajadores/as es insuficiente y con una plantilla que tiende a envejecer.

Que el pasado mes de Junio , el comité de empresa ser reunió con la responsable del servicio del Ayuntamiento de Mérida, Doña Ana Aragonés Lillo, donde la citada concejala, se comprometió a tomar medidas y mejorar el servicio, sin que esto se haya producido hasta la fecha. Dicha concejala, manifestó así mismo que se emplazaba a una reunión con el citado comité de FCC de Mérida, para después de Feria, sin que esta se haya producido, es por ello que desde la USO de Extremadura se ha solicitado una reunión con la citada concejala.

Desde la Unión Sindical Obrera, exigimos que se tomen medidas al respecto. Así mismo desde USO Extremadura solicitamos que se renueve la flota de vehículos, cara al nuevo contrato y que se amplié el personal, pudiendo realizarse nuevas contrataciones para el mismo y confeccionarse así mismo una plantilla de fines de semana y festivos y /o refuerzos. Todo ello repercutiría en menos carga de trabajo y una ciudad mas limpia.

USO denuncia el próximo despido de 227 Técnicos de Educación Infantil por parte del Gobierno de la Presidenta María Guardiola

Mérida 22 de noviembre de 2024.-

La Unión Sindical Obrera (USO), como miembro de la mesa de negociación de la Administración General de la Junta de Extremadura, manifiesta su firme oposición a la decisión de la Consejería de Educación de amortizar 227 puestos de trabajo de Técnicos de Educación Infantil (TEI) vinculados al programa experimental de Aulas 1-2. Estos contratos, subvencionados por fondos MR, concluyen el 31 de diciembre de 2024, dejando en la calle a cientos de profesionales en mitad del curso escolar.

USO celebra que la Junta de Extremadura reconozca finalmente la naturaleza estructural de estos puestos, lo que ha derivado en su creación en el Capítulo I de Gastos de Personal en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, como ya veníamos reclamando desde 2022.

Este paso garantiza la continuidad del programa, que tiene un impacto directo en:

  • La mejora del rendimiento escolar futuro del alumnado.

  • La detección y atención temprana de necesidades educativas.

  • La conciliación laboral y familiar, especialmente en núcleos rurales de Extremadura.

Sin embargo, desde USO consideramos inaceptable que no se hayan adoptado medidas para evitar el cese del personal que actualmente desempeña estas funciones, quienes han sido fundamentales para el éxito del programa. Ya advertimos en la mesa de negociación que estos puestos tienen un carácter permanente y que los contratos actuales se encuentran en situación de fraude de ley.

Por ello, exigimos que todos los contratos vigentes se transformen en indefinidos hasta la cobertura reglamentaria establecida en el V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura. La amortización de estos 227 puestos, sin garantizar la continuidad del personal actual, puede constituir un despido improcedente y supone un ataque a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores afectados.

Desde USO advertimos que esta situación no solo afecta a las familias de los profesionales, sino también al propio funcionamiento de las Aulas 1-2, cuyo servicio es esencial para los centros educativos públicos de la región. No entendemos cómo la Consejería de Educación no ha articulado mecanismos legales para dar continuidad a este personal hasta que los puestos sean cubiertos de forma reglamentaria.

USO invita a todos los Técnicos de Educación Infantil (TEI) afectados a que defiendan sus derechos junto a nosotros y reclamen el despido improcedente en el caso de que la Junta de Extremadura opte por el cese en lugar de modificar sus contratos a indefinidos.

Luis M. Gil Maya, Secretario General de la USO Extremadura, reitera que “Extremadura no puede permitirse dejar en la estacada a quienes han demostrado su compromiso con la educación pública y la mejora de los servicios esenciales.” Además del impacto laboral, la medida tendrá consecuencias directas en miles de niños de entre 1 y 3 años que tendrán que enfrentarse nuevamente al periodo de adaptación, al ser sustituidos sus educadores actuales. “El vínculo creado con los técnicos actuales es esencial para el bienestar de los pequeños. Esto es una ruptura innecesaria y perjudicial para su desarrollo emocional”, señalaron varias familias afectadas.

USO continuará luchando para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores, exigiendo su reconocimiento y estabilidad en estos puestos de trabajo estructurales.

HACIA UNA ADMINISTRACIÓN HOSTIL

 

La Junta de Extremadura desestima la solicitud de aplazamiento de examen a una aspirante, cuyo padre fallecido el día anterior, se enterraba a la misma hora en la que se realizaba el ejercicio de oposición.

Estamos acostumbrados a ver a nuestros dirigentes autonómicos lucir sus mejores galas en todo tipo de eventos y actos religiosos, orgullosos de procesionar a lo divino mientras ensanchan su “alma” y se cubren de fé. Este privilegio, parece ser que está reservado solamente a unos pocos, ya que esos mismos que ensalzan lo divino, son aquellos que menosprecian al capital humano.

Ni que decir tiene que los actos funerarios cristianos, son una costumbre históricamente aceptada y compartida por la gran mayoría de la sociedad, ya que gozan de un enorme arraigo social, no solo entre los practicantes de dicha religión sino entre la gran mayoría de la población. Hay un dicho que afirma que quien tanto se ocupa de hacer el bien, no tiene tiempo para ser bueno, y quizá sea aquí donde podamos encontrar parte del sinsentido que ha mostrado la administración en el caso que nos ocupa, pues la falta de sentido (común) y de sensibilidad ha colmado cotas hasta la fecha nunca vistas.

Si nos ceñimos a los hechos objetivos podemos resumirlos del siguiente modo: El viernes día 18 de mayo de 2024 a las 06:30 horas (así consta en el certificado de defunción presentado) el padre de la aspirante afectada, de manera repentina e inesperada fallece en su domicilio. Los actos funerarios comenzaron a las 10:15 horas del sábado día 19 de mayo, coincidiendo con el ejercicio de oposición programado para ese mismo día a las 10:00 horas. Con estas premisas y tras la solicitud de aplazamiento realizada por parte de la aspirante, el Tribunal de selección del proceso selectivo acuerda que no concurren motivos para estimar su solicitud, y para ello se basan en la siguiente afirmación categórica:

«…no concurrir que en el hecho acontecido este tipificado en el supuesto de causa de fuerza mayor acontecida: “Muerte o extrema gravedad de un familiar hasta segundo grado consanguinidad acaecida en las 24 horas previas a la celebración debidamente acreditada”

El fallecimiento está certificado a las 6:30 horas del día 18 de mayo de 2024, por lo que supera el plazo de 24 horas que se establece, la hora del inicio del examen estaba prevista a las 10:00 horas del día 19 de mayo de 2024.»

Ante este Acuerdo de desestimación, así como ante la falta de empatía y de humanidad demostrada por el Tribunal, la afectada decide interponer el recurso administrativo pertinente, con el anhelo de que algún atisbo de humanidad atendiera su solicitud y revocará el acto del órgano de selección. Para sorpresa de todos, la respuesta llegó mediante una resolución firmada por el mismísimo Director General de Función Pública, no podemos decir que firmada de puño y letra, sino con esa aberración digital denominada firma electrónica que tanta veces sirve de amparo. En dicha resolución se exponen y se citan los fundamentos considerados de aplicación para justificar jurídicamente lo injustificable, y llegando a rozar el género del esperpento, se viene a avalar la decisión que previa e inhumanamente había tomado Tribunal.

Desconocemos las circunstancias, pero nos gustaría conocer si el señor que debe velar por el buen funcionamiento de nuestra defenestrada función pública, realmente se ha detenido a leer la resolución que ha firmado electrónicamente. No hace mucho tiempo que las personas cabales y con dignidad; rubricaban con su puño y letra lo que previamente habían leído, por ello nos viene a la memoria un pasaje de un libro de Juan José Millás, en el que su protagonista, Damián Lobo, tiene una revelación en cuanto a las personas que ostentaban la jefatura de los recursos humanos.

Las administraciones públicas deben servir con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. En este caso no solo se han vulnerado derechos fundamentales, sino que partiendo de la buena fe que se le presume a la administración, se ha realizado un esfuerzo desmesurado en intentar justificar una decisión descabellada que simplemente con aplicación del sentido común, cualquier persona lega en derecho hubiera resuelto estimando el aplazamiento solicitado. Sin embargo, el razonamiento ofrecido ha sido que al haberse sobrepasado ese “tiempo” en poco más de tres horas, la afectada tenía dos opciones: asistir al entierro de su propio padre o realizar el ejercicio de examen, no cabía ninguna otra posibilidad pues la postura de la administración ha sido taxativa.

Con todo lo expuesto a la persona afectada no le ha quedado más remedio que interponer demanda y acudir al auxilio de los Tribunales, ya que a pesar de la dramática situación vivida ha tenido que pelear a golpe de recurso contra el gigante de la administración. En el libro “Sapiens. De animales a Dioses: breve historia de la humanidad” escrito por historiador israelí Yuval Noah Harari, se relata de manera rigurosa cultivando el género del ensayo la evolución del Homo Sapiens, desde sus prehistóricos inicios hasta la actualidad, en la que, según el autor, los homos sapiens están en proceso de convertirse en dioses como consecuencia de las diferentes revoluciones acaecidas a lo largo de la historia. Algunos homos sapiens ya se creen dioses sin ser fruto de la evolución, sino de su propia involución que los ha deshumanizado.

Te deseamos toda la suerte del mundo en los tribunales, aunque debemos decirte que ya has ganado, por pedir justicia humildemente y no ser como ellos.

Desde el sindicato USO siempre apoyaremos y defenderemos a los ciudadanos frente a los desdenes de la administración.

Un artículo de opinión de Ignacio Fernández Jaén.