Desde USO Extremadura consideramos que ha llegado el momento de abordar una de las grandes asignaturas pendientes de la función pública extremeña: la negociación y aprobación de un Acuerdo Regulador para el personal funcionario de la Junta de Extremadura.

Mientras que el personal laboral dispone de un convenio colectivo que regula de forma específica sus condiciones de trabajo, los empleados públicos funcionarios continúan sin contar con un marco normativo propio que recoja de manera integral sus derechos, deberes y condiciones laborales.

Esta situación genera inseguridad jurídica, dificulta la negociación colectiva y obliga a gestionar muchas cuestiones esenciales mediante acuerdos parciales, instrucciones internas o referencias dispersas a distintas normas, sin que exista un texto único y actualizado que sirva como referencia para toda la plantilla.

Una carencia histórica

La Junta de Extremadura cuenta con miles de empleados públicos funcionarios que desempeñan funciones esenciales para el funcionamiento de la Administración y la prestación de servicios a la ciudadanía.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones públicas, Extremadura sigue sin disponer de un acuerdo regulador general que establezca de forma clara y sistemática aspectos tan importantes como la jornada laboral, los horarios, los permisos, las medidas de conciliación, la movilidad, la carrera profesional, la formación, la salud laboral o los criterios de organización del trabajo.

Esta ausencia de regulación específica provoca que muchas cuestiones deban negociarse de forma aislada o interpretarse a partir de diferentes disposiciones, generando incertidumbre tanto para los trabajadores como para la propia Administración.

Un instrumento necesario para modernizar la función pública

Desde USO Extremadura entendemos que un Acuerdo Regulador no debe limitarse a recopilar derechos ya existentes. Debe convertirse en una herramienta útil para adaptar la función pública extremeña a las necesidades actuales de los empleados públicos y de la sociedad.

La Administración del siglo XXI necesita normas claras, modernas y negociadas que permitan afrontar retos tan importantes como la digitalización, la conciliación de la vida laboral y familiar, la atracción y retención del talento, la movilidad profesional, la formación continua o la mejora de las condiciones de trabajo.

Por ello, la negociación de un acuerdo regulador debe ser una prioridad para la Administración y para las organizaciones sindicales representativas.

Seguridad jurídica e igualdad de trato

La existencia de un marco regulador propio también contribuiría a reforzar la seguridad jurídica y la igualdad de trato entre los empleados públicos.

Un texto negociado permitiría establecer criterios homogéneos para toda la organización, reducir conflictos interpretativos y garantizar que los derechos y obligaciones del personal funcionario estén perfectamente definidos y actualizados.

Además, facilitaría la labor de los órganos de negociación y permitiría abordar futuras mejoras laborales desde una base sólida y consensuada.

Una reivindicación de presente y de futuro

Desde USO Extremadura llevamos tiempo defendiendo la necesidad de avanzar hacia un modelo de función pública más moderno, más transparente y más participativo.

La negociación de un Acuerdo Regulador para el personal funcionario forma parte de ese objetivo y constituye una reivindicación plenamente justificada por la realidad actual de la Administración autonómica.

No hablamos de crear privilegios ni de generar diferencias entre colectivos. Hablamos de dotar al personal funcionario de un instrumento básico que ya debería existir y que permita ordenar, actualizar y mejorar sus condiciones de trabajo.

Por ello, reclamamos la apertura de un proceso de negociación real que culmine con la aprobación de un Acuerdo Regulador moderno, estable y adaptado a las necesidades de los empleados públicos de la Junta de Extremadura.

Porque una Administración moderna necesita empleados públicos reconocidos, protegidos y respaldados por un marco normativo claro. Y porque los funcionarios de la Junta de Extremadura merecen disponer, de una vez por todas, de un acuerdo regulador propio que garantice sus derechos y dé respuesta a los desafíos del presente y del futuro. ✊