LA USO DENUNCIA ANTE EL JUZGADO PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN EN EL CONTRATO DE LAS AMBULANCIAS
EL SINDICATO ADVIERTE AL NUEVO GOBIERNO DE EXTREMADURA QUE SERÍA CÓMPLICE SI NO ACTÚA
La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) ha presentado denuncia ante un Juzgado relativa a la presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en torno a los últimos contratos del servicio de ambulancias de Extremadura adjudicados a la empresa Ambuvital Transporte Sanitario, SL.
Desde USO indicamos que se trata este de un asunto de largo recorrido, que ha pasado por la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Superior de Extremadura, el Defensor del Pueblo y la propia Junta de Extremadura. Tras todo este periplo, la Unión Sindical Obrera, en defensa de los intereses de los trabajadores y los usuarios del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre de la región ha decido poner todos los hechos en conocimiento del Juzgado que hemos estimado como competente con objeto de que investigue los hechos, y en su caso, persiga a quienes identifique como autores de estos presuntos delitos contra la Administración Pública, ante lo que no hemos descartado, dadas las cuantías económicas en juego, que se haya producido también un presunto delito de cohecho sumado al de prevaricación y malversación.
“Lo primero que hicimos, dadas las dimensiones del asunto con casi 200 millones de euros en juego, fue ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Desde la Fiscalía Especial nos informaron que los hechos revestían a priori indicios suficientes para la existencia de delitos contra la Administración Pública como malversación y prevaricación, sin embargo, nos indicaron que por indicaciones del Fiscal General del Estado eran incompetentes para investigar estos hechos por lo que los derivaron a la Fiscalía Superior de Extremadura.” - Víctor Arnelas, Coordinador Regional FS-USO Extremadura.
Así los hechos fueron trasladados a la Fiscalía Superior de Extremadura quien sin embargo los identificó más próximos a la negligencia administrativa que a la infracción Penal, no sin indicarnos que éramos libres de reproducir la denuncia ante el Juzgado que estimáramos competente. Esta primera denuncia fue posteriormente ampliada con las mismas conclusiones.
Una vez que desde la Fiscalía Superior nos dijeron que podía tratarse meramente de descuidos por parte de los funcionarios actuantes lo que hicimos de manera responsable fue ponernos en contacto con el Servicio Extremeño de Salud y con la Presidencia de la Junta de Extremadura para poner en conocimiento de los defectos identificados en la licitación y que derivado de los mismos se estaría beneficiando injustamente a una empresa que se estaría enriqueciendo de manera presuntamente ilícita con el perjuicio que todo ello suponía para trabajadores y usuarios del servicio, así como por supuesto, para el erario público.
“Un contrato público vincula a dos partes. La Administración contrata un servicio descrito en los pliegos de condiciones del contrato y los licitadores además de cumplir con los requisitos legales, que aquí no habría sucedido, debe comprometerse a prestarlo tal y como indican los pliegos a riesgo de ser penalizados. Sin embargo, todo parece apuntar a que la Administración habría hecho la vista gorda a los defectos del contratista y también la estaría haciendo a sus incumplimientos contractuales. La empresa estaría ahorrando ingentes cantidades de dinero por prestación defectuosa y la Junta de Extremadura no estaría penalizando por ello. Existe un lucro injusto que se nutre de fondos públicos y además los ciudadanos y ciudadanas están recibiendo un lamentable servicio que nos cuesta más de tres millones y medio al mes. Como testigos de todo ello venimos obligados a denunciar.” - Federación de Servicios de USO.
La respuesta desde la Administración a nuestros escritos de advertencia ha sido el más profundo silencio, un silencio que identificamos como cómplice. Toda esta actuación administrativa ha sido además puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo. Lo peor de todo es que la empresa estaría utilizando todo el ahorro de dinero que produce la ejecución defectuosa en perseguir a honrados sindicalistas ya que creemos que reserva ese dinero para indemnizaciones por despido y por vulneración de derechos fundamentales.
Descartada la negligencia inconsciente por parte de las personas responsables en la Junta, nuestra obligación no es otra que la de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región, quienes merecen de un gobierno responsable de sus actos que vele por el bienestar de todos y no únicamente de las empresas con las que contrata.
“Paradójicamente todo esto ha coincido con un cambio de gobierno de la Junta de Extremadura. El Partido Popular ha sido conocedor de muchos de estos actos por medio de diversas reuniones mantenidas con ellos durante el tiempo que han estado en la oposición. Ahora tienen la oportunidad de demostrar que son fieles a sus palabras y su programa electoral, en el que prometen cambiar la forma de hacer política y nombraban expresamente la gestión del servicio de ambulancias. Vamos a ver que hacen con este asunto.” - Víctor Arnelas, Coordinador Regional FS-USO Extremadura.
Así pues, desde USO advertimos al nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura que desde nuestra posición constitucional vamos a velar por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras que de alguna manera prestan servicios públicos dependientes de la Junta, ya sea de manera directa o externalizada. Todo ello incluye velar por el hecho de que estos servicios se presten de manera eficiente lo que redundará en el beneficio de toda la ciudadanía a la cual van destinados. Para ello usaremos todos los recursos disponibles en Derecho.
