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EL TJUE DICTA UNA SENTENCIA QUE APROXIMA INEXORABLEMENTE LA NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN FIJOS A LOS TRABAJADORES EN ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

22 de febrero de 2024 - 17:26

Hoy jueves 22 de febrero de 2024, se ha publicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en referencia a las peticiones de decisión prejudicial planteadas en relación al abuso de la temporalidad en la Administración Pública del personal LABORAL INDEFINIDO NO FIJO y LABORAL TEMPORAL, sobre los asuntos acumulados C-59/22, C-110/22, C-159/22 (que son casos concretos de personas demandantes), que supone un varapalo importante para las autoridades administrativas y Tribunales españoles. La última sentencia del TJUE insta a hacer fijos a los trabajadores temporales de larga duración, respondiendo a una de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La sentencia afea que España no haya tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar el abuso en este tipo de contratación pública. La ley de reducción de temporalidad, aprobada en los últimos días de 2021 para cumplir con las obligaciones de los Next Generation, se quedó en una aprobación de urgencia. “Ya denunciamos en su día el redactado chapucero para llegar a tiempo, así como sus incongruencias. Por ejemplo, una reforma solapada del TREBEP que trataba de dar cobertura legal a quienes siguieran siendo interinos por no cubrirse un concurso convocado o que se estabilizara a personal que llevara 5 años en el puesto, con un doble rasero de duración para el sector privado y el público”, denuncia Javier Toro, secretario general de Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO).

La ley de reducción de temporalidad no solo fue apresurada y chapucera, sino que no se ha cumplido. La mayoría de procesos de estabilización no se han ejecutado y la temporalidad en el sector público, lejos de descender, ha crecido. De hecho, duplica a la temporalidad en el sector privado y está en torno al 30 %. La Administración es el peor empleador de España y el menos perseguido, con unas 800.000 personas en esta situación.

La consulta al TJUE

Desde España se plantearon 11 peticiones de decisión prejudicial respecto a la interpretación de los preceptos del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, (celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada). El TJUE declara, como resultado de las 11 peticiones, las siguientes 7 conclusiones que se resumen a continuación:

Un trabajador indefinido no fijo debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada, a efectos de dicho Acuerdo Marco, y, por lo tanto, está comprendido en el ámbito de aplicación de este último.
La expresión «utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada», que figura en dicha disposición, comprende una situación en la que, al no haber convocado la Administración en cuestión, en el plazo establecido, un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada que vincula a ese trabajador con dicha Administración ha sido prorrogado automáticamente.
Se opone a una normativa nacional que no prevé ninguna de las medidas contempladas en esta disposición ni «medida legal equivalente» alguna, a efectos de esta, para evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos.
Se opone a una normativa nacional que establece el pago de una indemnización tasada, igual a veinte días de salario por cada año trabajado, con el límite de una anualidad, a todo trabajador cuyo empleador haya recurrido a una utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, cuando el abono de dicha indemnización por extinción de contrato es independiente de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos.
Se opone a unas disposiciones nacionales según las cuales las «actuaciones irregulares» darán lugar a la exigencia de responsabilidades a las Administraciones Públicas «de conformidad con la normativa vigente en cada una de [dichas] Administraciones Públicas», cuando esas disposiciones nacionales no sean efectivas y disuasorias para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme a la citada cláusula.
Se opone a una normativa nacional que establece la convocatoria de procesos de consolidación del empleo temporal mediante convocatorias públicas para la cobertura de las plazas ocupadas por trabajadores temporales, entre ellos los trabajadores indefinidos no fijos, cuando dicha convocatoria es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de tales contratos de duración determinada.
A falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, con arreglo a esta cláusula 5, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos PUEDE constituir tal medida. Corresponde, en su caso, al tribunal nacional modificar la jurisprudencia nacional consolidada si esta se basa en una interpretación de las disposiciones nacionales, incluso constitucionales, incompatible con los objetivos de la Directiva 1999/70 y, en particular, de dicha cláusula 5.

A estos efectos, si el tribunal remitente, (sección 2ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), entiende que es constitucional la solución es la fijeza (conclusión nº7) se plantea un posible futuro cambio jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y, con ello, la posible exigencia de la Comisión Europea de más cambios legislativos con medidas complementarias a la ley 20/2021.

Esta respuesta del TJUE de hoy puede tener una trascendencia más allá de los propios empleados públicos laborales, (que es el tipo de los empleados de los casos) porque la misma Ley y los procesos de estabilización son también la reacción legislativa del Estado para el personal funcionario interino y estatutario temporal de los servicios públicos de salud.

Sin legislación en España, la opción es convertir los contratos en fijos automáticamente

Esta nueva sentencia europea no supone una legislación automática en España. El Tribunal europeo acusa a España de no disponer de la normativa nacional que cumpla con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. En este sentido considera que una opción es convertir esos contratos en fraude de ley en fijos de forma automática.

USO exige que se legisle ya para cumplir con el Acuerdo Marco y rebajar de una vez la temporalidad y el abuso en el sector público. Además, la sentencia del TJUE reitera que España no puede deshacerse de trabajadores que ha tenido en fraude con 20 días por año trabajado.

Desde Madrid, la Federación de Atención a la Ciudadanía (FAC-USO) considera que es momento de legislar de forma eficaz para liberar a los juzgados de cientos de demandas aún no tramitadas por contratos en fraude de ley en la Administración. En USO estamos a la espera de decenas de sentencias en diferentes comunidades, habiendo conseguido ya varias que se han pronunciado en el sentido de dar la fijeza a trabajadores que estaban contratados en fraude de ley. La sentencia del TJUE, además, faculta al TSJM a aplicarla en todas las causas pendientes, lo que puede provocar una nueva cascada de demandas y un nuevo colapso judicial.

En USO Extremadura creemos que la Sentencia se aproxima inexorablemente a la necesidad de transformación en fijos de todos los empleados públicos que son víctimas del abuso de la temporalidad, tanto para el personal laboral indefinido no fijo como para el temporal, (y extensible al personal funcionario interino y el estatutario temporal). El motivo es que la sentencia rechaza que las medidas articuladas por el Gobierno de España en la Ley 20/2021 así como la doctrina asentada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la cuestión, cumplan con los requisitos que exige la Directiva 1999/70.

Consideramos, por tanto, la necesidad de que la Administración Autonómica actúe en consecuencia con la sentencia del TJUE y apelamos a la Dirección General de Función Pública a que actúe con premura y diligencia, para así evitar alargar más el sufrimiento y la inestabilidad de aquellas familias afectadas por el abuso de la temporalidad en la Junta de Extremadura.

USO EXTREMADURA COLABORA CON FEMXA EN LA DIFUSIÓN DE MÁS DE 30.000 PLAZAS EN FORMACIÓN GRATUITA Y SUBVENCIONADA POR EL SEPE PARA TRABAJADOR@S Y AUTÓNOMOS.

24 de mayo de 2022 - 07:09

El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue apostando por la formación 100% subvencionada como principal medio para la recualificación de los profesionales.

Durante el último mes se ha iniciado la ejecución de dos nuevas convocatorias de formación gratuita enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que están 100% subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una de ellas es la convocatoria de Tecnologías de la información (TIC), orientada a mejorar la cualificación y las competencias digitales de las personas trabajadoras, afectadas por ERTE y autónomas de todos los sectores; otra está dirigida a los sectores relacionados con la Hostelería y Turismo, y tiene como propósito atender a las necesidades actuales del sector y aumentar la competitividad de los profesionales de la hostelería y el turismo.

Esta formación es 100% subvencionada por lo que no representa coste alguno para los participantes ni consume créditos de formación de las empresas. La solicitud de los cursos se realiza directamente por parte de las personas interesadas.

El catálogo de formación cuenta con más de 80 cursos online gratuitos entre ambas convocatorias. Se imparten en modalidad online para facilitar la conciliación laboral de los profesionales, dándoles la opción de desarrollar los cursos a su ritmo y en el horario que prefieran.

Todos los cursos son especialidades reconocidas por el SEPE por lo que cuentan con un diploma avalado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que será entregado al finalizar exitosamente la formación.
La inscripción a los cursos ya se encuentra abierta. Las personas interesadas pueden ampliar la información y solicitar plaza en la página web: www.cursosfemxa.es/cursos-uso

Las personas interesadas que tengan cualquier consulta pueden resolverla en el teléfono gratuito al 900 100 957 y en el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

USO denuncia la falta de herramientas para conciliar frente a la COVID-19

20 de enero de 2022 - 07:40

Desde la Unión Sindical Obrera de Extremadura denunciamos la situación que están viviendo muchos padres y tutores legales, trabajadores y trabajadoras que durante esta sexta ola se están enfrentando a la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral ante el positivo en COVID-19 de alguno de sus hijos menores.

“Es sorprendente la falta de acción de este gobierno. La Constitución Española en su artículo 39 asegura la cobertura social, económica y jurídica de las familias y además obliga a los padres a prestar asistencia de todo orden a sus hijos, algo que choca con las obligaciones como trabajadores. Cada día son miles los padres de menores positivos COVID-19 que se colocan con la tesitura de si sus hijos o el trabajo, esto es algo que no debía suceder y el gobierno no ofrece soluciones.” – Víctor Arnelas, Coordinador de la Federación de Servicios de la USO de Extremadura.

Como sindicato criticamos duramente este abandono sobre los padres y madres, en algunos casos formando familias monoparentales alejadas de su núcleo familiar más cercano por lo que entendemos que ante la diversidad de los casos deben ofrecerse distintas soluciones.

“Esto es algo que además no ha afectado a olas anteriores en las que existía una cobertura para los padres al existir el confinamiento por contacto estrecho. El gobierno ha ido relajando las medidas y con ello estas coberturas, pero sin ofrecer alternativa y esto ha explotado sobre algunos padres. Por poner un ejemplo una de nuestras delegadas en la empresa Zara está vivendo en sus carnes esta impotencia.” – Concluye Víctor Arnelas.

El sindicato USO reclama con urgencia medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo dependientes de la Junta de Extremadura y del resto de Administraciones.

27 de diciembre de 2021 - 14:04

“El sindicato USO reclama con urgencia medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo dependientes de la Junta de Extremadura y del resto de Administraciones.

Mérida, a 27 de diciembre de 2021. En estos días, la variante Ómicron, suma sus efectos perniciosos a los de otras variantes del virus para volver a azotar al mundo, cambiando los planes de países, de comunidades, … La difícil situación ha provocado la reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar el incremento de contagios en nuestro país por COVID 19, del 22-12-2021, pero de la misma no se ha derivado ninguna medida para espacios cerrados, por lo que esa responsabilidad queda en manos de las Comunidades Autónomas.

Ante este cambio de escenario, las Administraciones autonómicas deben reaccionar, asumiendo su obligación de proteger a los trabajadores y trabajadoras, a sus familias y, por ende, a una buena parte de la sociedad extremeña, de un riesgo de contagio originado en el puesto de trabajo, en locales cerrados que no fueron diseñados para luchar contra epidemias, riesgo al que se suma el derivado de su traslado en autobuses o trenes atestados.

Para ilustrar la necesidad de incrementar las medidas de prevención, decir que una de las medidas principales de protección que la Administración autonómica brinda a sus trabajadores/as es una mascarilla quirúrgica para todo un día de trabajo, cuando debiera sustituirse cada 4 horas. Aunque se pueden mencionar otras, como unas recomendaciones escritas, en la que se cita, entre la regla de las 6 emes, la de “me quedo en casa”, entendemos que, trabajando a distancia, pero en Extremadura solo tienen autorizado el teletrabajo a unos pocos empleados públicos, menos de 1 de cada 100 trabajadores.

No debemos cometer el error de pensar -por 6.ª vez- que somos diferentes. Los nefastos números provocados en las diversas olas solo se han controlado con medidas de prevención. La falta de estas medidas ha desembocado en contagios, incapacidades, hospitalizaciones, ingresos en UCI y, desgraciadamente, también en muertes, y, finalmente, en medidas tardías y drásticas que dañan la economía y la vida de las personas aún más.

El enorme esfuerzo adicional, sin contraprestación alguna, que están haciendo gran parte de nuestros sanitarios, y la vacunación no debieran ser los únicos diques de contención de la epidemia. Para no sobrecargar de nuevo al sistema sanitario, hay soluciones que, junto con la protección generada por las vacunas, pueden prevenir los contagios y proteger la salud de nuestros seres queridos, y que ya han sido probadas con éxito como el teletrabajo parcial. Y cuando hablamos de éxito, nos referimos a que la práctica totalidad de los servicios de la Junta funcionaron correctamente durante muchos meses gracias a que la mayoría de las personas que los componen trabajaron con responsabilidad desde sus casas, sin escatimar esfuerzos, con generosidad poniendo a disposición de la Junta sus equipos personales, y estando disponibles en horarios reservados al espacio personal.

Si bien es cierto que parte de los trabajadores deben realizar su labor presencialmente, como nuestros sanitarios, a los que sería de justicia que se les compensara de algún modo, en otros muchos casos la presencialidad de todos en el puesto de trabajo es evitable, mediante el teletrabajo de parte de la plantilla.

Por todo lo anterior, requerimos a la Junta de Extremadura y al resto de Administraciones Públicas reaccionar con urgencia ante los nuevos datos estableciendo más medidas de prevención y protección de la salud, como una reducción del número de personas trabajadoras presentes en espacios de trabajo a través de del teletrabajo a tiempo parcial y la recuperación de los grupos burbuja.”

USO consigue tres sentencias condenatorias hacia los Ayuntamientos de Zafra, Valdelacalzada y Navalmoral de la Mata por vulneración de distintos derechos de sus Policías Locales, así como un requerimiento del Defensor del Pueblo al Ayto. de Pueblonuevo del Guadiana

22 de diciembre de 2021 - 15:35

En el último mes los servicios jurídicos de USO Extremadura han conseguido 3 sentencias condenatorias hacia otros tantos Ayuntamientos de la región, debidas todas ellas a distintas decisiones de sus respectivos Alcaldes y Alcaldesas que vulneraban los derechos laborales de distintos Policías Locales.

El primer Ayuntamiento condenado ha sido el de Zafra, cuyo Alcalde, José Carlos Contreras (PSOE), permitió que se privara a un agente de su derecho a percibir la “gratificación denominada COVID-19”. Esta gratificación fue aprobada para toda la plantilla como contraprestación a la suspensión del disfrute de todos sus permisos, asuntos particulares y vacaciones durante el estado de alarma del año 2020. Sin embargo, uno de los agentes fue requerido por los servicios de salud para someterse a una intervención quirúrgica, por lo que no pudo prestar servicio durante los dos últimos días del periodo fijado para la suspensión de sus derechos por encontrarse convaleciente, motivo que aprovechó la Alcaldía para informar negativamente acerca del derecho a percibir dicha gratificación. Desde USO siempre tuvimos claro que esta decisión de la Alcaldía constituía una discriminación por razón de salud hacia este trabajador, algo que ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz ha venido a corroborar.

El segundo Ayuntamiento condenado es el de Valdelacalzada, cuyo Alcalde, Pedro Noriega (PSOE), pretendía que un agente que había pasado a situación de segunda actividad de forma reciente dejara de percibir distintos conceptos retributivos de su complemento específico que a partir del pase a su nueva situación administrativa dejaría de realizar. No obstante, las pretensiones del Alcalde eran contrarias a lo que se establece en el Artículo 43.1 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, y, pese a que esta argumentación le fue expuesta en vía administrativa, su obcecación le llevó a denegarlo sistemáticamente al agente reclamante, al que ahora también el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz le ha dado la razón.

El tercer Ayuntamiento condenado es el de Navalmoral de la Mata, cuya Alcaldesa, Raquel Medina (PSOE), pretendía que los agentes de nueva incorporación a la plantilla, tras su paso por el Curso Selectivo de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), lo hicieran integrándose de pleno en los cuadrantes de la plantilla y prestando servicio con todas las obligaciones inherentes al puesto, pero pagándoles únicamente las retribuciones básicas, lo cual contraviene la normativa estatal y autonómica que establece que los funcionarios en prácticas tienen derecho a percibir la totalidad de las retribuciones, tanto básicas, como complementarias, siempre que las realicen desempeñando de forma efectiva un puesto de trabajo. De igual forma, la Alcaldesa desoyó las peticiones de los afectados en vía administrativa, lo que ha supuesto la condena por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres.

Por último, el Alcalde de Pueblonuevo del Guadiana, Pedro Pablo González (PP), ha sido requerido por el Defensor del Pueblo, a consecuencia de la queja interpuesta por USO ante esta Institución, para que de forma urgente e inmediata proceda a regularizar la situación laboral y retributiva de todos los trabajadores públicos de su Ayuntamiento, y especialmente de los Policías Locales, todo ello a causa de las numerosas irregularidades e incumplimientos normativos en cuanto al reconocimiento y a la percepción de determinados conceptos retributivos que deberían estar contemplados en su inexistente Relación de Puestos de Trabajo, conceptos a los que tienen derecho y de los que, sin embargo, el Alcalde les lleva privando durante años.

Desde USO queremos hacer un llamamiento a los distintos Alcaldes y Alcaldesas de las distintas localidades de Extremadura para que pongan un poco más de interés en cumplir con todas las normativas que regulan y reconocen los derechos laborales y retributivos de la totalidad de los empleados públicos de sus respectivos Ayuntamientos, además de no obcecarse en tratar de salirse con la suya siempre y por encima de todo y de todos, con absoluto menosprecio a las evidencias que se les plantean en vía administrativa, ya que de lo contrario son los ciudadanos de sus localidades y las arcas municipales de estas localidades las que acaban pagando los platos rotos de las sentencias judiciales que les condenan a pagar unas costas que, en la mayoría de las ocasiones, deberían repercutir sobre sus propios bolsillos y no sobre el interés general.

USO denuncia el deterioro del servicio de ambulancias con el nuevo concurso público

31 de agosto de 2021 - 12:51

USO denuncia el deterioro del servicio de ambulancias con el nuevo concurso público

La Unión Sindical Obrera de Extremadura, sindicato mayoritario del sector del transporte sanitario en la región, denuncia recortes en el nuevo modelo de transporte sanitario que se pondrá en funcionamiento con la nueva licitación del servicio y que afectan a la calidad asistencial que recibirán los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura durante los próximos 4 años.

“Entendemos que con este nuevo modelo, el transporte sanitario en Extremadura va a empeorar. El aspecto más importante es que se han eliminado de un plumazo 6 ambulancias de Soporte Vital Básico que son del tipo asistencial y se han sustituido por ambulancias de tipo A que son de tipo no asistencial. De este asunto se están haciendo eco incluso los alcaldes de las localidades que figuran como base de estos vehículos, ya que ayer denunciaban en redes sociales este atropello para sus conciudadanos y los de las poblaciones colindantes.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO Extremadura.

Se da la circunstancia de que el aumento del número de vehículos SVB estuvo dentro de las muchas propuestas que la USO hizo a la Junta de Extremadura de cara a la nueva licitación, y ahora vemos que ha sido ignorada. Mientras el resto de regiones del país camina a un modelo asistencial con más ambulancias tipo B y C que pasan a sustituir a las tipo A cuya dotación está varios escalones por debajo, resulta que en Extremadura vamos en dirección contraria. Si comparamos con una región de características similares a la nuestra como la vecina Castilla-La Mancha, observamos que en Extremadura una misma ambulancia de Soporte Vital Básico tendrá que asistir a más del doble de población. En definitiva, un ciudadano o ciudadana del mismo país y de una región vecina como es la de Castilla La Mancha recibirá un servicio mucho mejor que uno o una de Extremadura, cuantitativamente podemos hablar de más del doble.

“Si en Castilla La Mancha existen 3,2 ambulancias por cada 100 mil habitantes y se prevé que se aumenten en la próxima licitación, aquí bajamos desde 1,96 ambulancias por cada 100 mil habitantes a tan sólo 1,49 ambulancias por 100 mil habitantes después del recorte del 28% de estas ambulancias” – Víctor Arnelas

Tras esto, la preocupación no sólo afecta a la calidad del servicio que reciben los extremeños y extremeñas, sino que también se extiende a la incertidumbre que ahora se cierne sobre los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en las ambulancias que desaparecen.

“Hubiéramos pensado en un recorte de ambulancias no asistenciales para incrementar el número de asistenciales, pero lo que ha pasado nos ha dejado descolocados. Estamos además ante ambulancias que hasta ahora están teniendo una gran actividad que tendrá que ser amortizada por menos vehículos. Es innegable el perjuicio para los ciudadanos.” – Víctor Arnelas

Además de estas ambulancias, también desparecen las llamadas A1-UP, que no son asistenciales, si bien esto era algo que desde la Junta ya nos habían adelantado debido a su baja actividad. En este sentido, la preocupación sobre qué pasará con los trabajadores no se elimina, por lo que preguntaremos al SES al respecto.

La FTSP-USO Extremadura se consolida como el sindicato mayoritario en la región de Extremadura

21 de julio de 2021 - 14:07

La FTSP-USO Extremadura se consolida como el sindicato mayoritario en la región

USO, a través de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada en Extremadura (FTSP-USO Extremadura), se consolida como el sindicato mayoritario del sector en la región al alcanzar el 35,71 % de representatividad.

Se trata de una excelente noticia para los vigilantes de seguridad de Extremadura que con sus votos apuestan y confían en USO como la mejor opción sindical para la defensa de sus intereses.

Desde la FTSP-USO Extremadura valoran estos datos de representación como un importante reto y responsabilidad para los delegados y dirigentes que, sin duda, seguirán trabajando para atender y defender los derechos de los trabajadores del sector de la seguridad privada en Cáceres y en Badajoz.

Nuevo convenio de colaboración entre la USO y BADATRAVEL con descuentos a la afiliación

16 de junio de 2021 - 05:37

La USO Extremadura firma un convenio de colaboración con la Agencia de viaje Badatravel.

Gracias a este convenio la afiliación obtendrá ventajas y descuentos exclusivos en la contratación de paquetes vacaciones tales como:

5% de descuento en reservas de hoteles de playa y de ciudad.

5% de descuento en lunas de miel y grandes viajes.

7% de descuento en Caribe (paquete Cuba, Riviera Maya y Punta Cana).

Nota: no acumulable a otros descuentos.

Para poder acceder a los descuento es necesario aportar un certificado de afiliación expedido por el sindicato, que comprobara que se esta al corriente de pago.

Contacto Agencia de viaje Badatravel.

Calle Alonso de Celada 3, Badajoz, 06002.

Tf: 924 261821 / 615 305008.

www.badatravel.es

Unión Sindical Obrera

Ronda del Pilar, 1 Derecha, Badajoz, 06004.

924224520

usoextremadura.es

USO se concentra frente al Ayuntamiento de Zafra para exigir que se regularicen las retribuciones

27 de mayo de 2021 - 15:57

USO se concentra frente al Ayuntamiento de Zafra para exigir que se regularicen las retribuciones

USO-Extremadura exige al Ayuntamiento de Zafra que regularice las retribuciones de los empleados municipales

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Zafra se han concentrado a las puertas del consistorio para exigir al alcalde una solución a los recortes salariales que han sufrido recientemente por la falta de previsión del equipo de gobierno. Este llevaba años abonando diversos conceptos al margen de ningún tipo de negociación y sin atender a los cauces de participación y aprobación necesarios por parte de los representantes de los trabajadores y del Pleno municipal.

USO-Extremadura ha exigido a través de distintos escritos la activación de los mecanismos necesarios para proceder a regularizar las retribuciones de los empleados públicos del consistorio, facilitando a todas las centrales sindicales que se encuentren constituidas el borrador de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), así como a los delegados representantes del personal en los distintos ámbitos, personal funcionario y personal laboral, para poder estudiar cuál ha sido el resultado de la valoración de los puestos que se ha llevado a cabo.

Igualmente, USO ha pedido que se apruebe y desarrolle la carrera profesional para los empleados municipales en los distintos niveles que la componen, al igual que se ha hecho ya en muchos municipios extremeños. Es inadmisible que una localidad de la envergadura de Zafra se instale en el vagón de cola de Extremadura en lo que al reconocimiento de los derechos retributivos de los trabajadores se refiere.

USO-Extremadura denuncia también que el Ayuntamiento tampoco ha aplicado a los empleados públicos la subida salarial del 0,9% prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Desde USO-Extremadura se reclama al alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, una pronta solución al problema. De no ser así, se llevarán a cabo nuevas concentraciones frente a la Diputación de Badajoz, donde el regidor ejerce como diputado responsable del área de Economía y Hacienda.

USO pide la escolarización gratuita para niños de 1-2 años también en la Concertada

27 de mayo de 2021 - 15:51

USO pide la escolarización gratuita para niños de 1-2 años también en la Concertada

Tras publicarse la orden que regulará la escolarización de niños de 1 y 2 años de manera anticipada, USO pide que esta llegue a todos los centros, tanto públicos como concertados

La Consejería de Educación ha publicado en el Portal de Transparencia el borrador de la Orden que regulará la escolarización de niños de 1 y 2 años de manera anticipada en centros públicos de Infantil y Primaria. La Federación de Enseñanza de USO, sindicato mayoritario de la Concertada en Extremadura, demanda a la Consejería de Educación que la escolarización gratuita para niños de 1 y 2 años llegue a todos los colegios sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados.

Según los expertos, anticipar la escolarización a los 1-2 años reduce las dificultades en el aprendizaje. Además, con esta medida se avanza en la deseada conciliación laboral y familiar, beneficiando a las familias que no pueden permitirse pagar una guardería, por lo que extender esta medida a los colegios concertados es fundamental.

Desde USO denunciamos que, si se priva a los concertados de esta escolarización, se estará poniendo trabas al derecho que asiste a los padres a elegir libremente el modelo educativo que prefieren para sus hijos. Además, se perjudicará gravísimamente la escolarización en los centros concertados. USO recuerda que ambas redes educativas son complementarias y ofrecen un idéntico servicio público, sin que ninguna sea subsidiaria de la otra.

Estas decisiones tomadas desde la Consejería de Educación se fundamentan en la LOMLOE que, actualmente, tiene presentados varios recursos ante el Tribunal Constitucional por amenazar presuntamente tanto la libertad de elección de colegio por parte de los padres como la supervivencia de la escuela concertada. Por tanto, FEUSO-Extremadura exige que no se tomen decisiones basadas en una ley cuya constitucionalidad está actualmente puesta en entredicho.

USO pide al SES que modernice la flota de ambulancias de urgencias

10 de mayo de 2021 - 15:00

USO-Extremadura ha denunciado que la flota de ambulancias A1 del SES está obsoleta para traslados urgentes y pide a la Junta migrar a un sistema más moderno y eficaz en el que predominen las ambulancias de clase B (Soporte Vital Básico)

La Federación de Servicios de la Unión Sindical Obrera de Extremadura ha registrado solicitud ante el Servicio Extremeño de Salud en la que se insta al organismo a aprovechar la próxima licitación del servicio de ambulancias para modernizar la flota que se encarga de los traslados urgentes.

El sindicato USO denuncia que Extremadura es la única región a nivel estatal que utiliza mayoritariamente ambulancias clase A1 para actuaciones de urgencia y emergencia, con la excepción de Andalucía donde se utilizan masivamente las polémicas ambulancias A1EE que no son más que las anteriores con algo más de equipamiento.

USO considera que ya es hora de que Extremadura deje de estar a la cola de la calidad asistencial, sobre todo en lo que respecta al servicio de ambulancias, y ha pedido al SES que aproveche el nuevo concurso para poner fin a esta situación.

De esta forma, USO-Extremadura pide a la Junta que actúe frente a la insuficiente flota de vehículos tipo B, los llamados Soporte Vital Básico, que el SES tiene desplegados en la región. Las unidades de Soporte Vital Básico permiten a los Técnicos de Emergencias Sanitarias realizar su labor más dignamente ya que estos profesionales se encuentran muchas veces limitados en sus actuaciones por falta de material asistencial a pesar de estar formados sobradamente para su utilización.

USO denuncia el abandono de los Agentes del Medio Natural de la Junta

7 de mayo de 2021 - 07:42

Desde USO queremos denunciar la situación límite de abandono que vienen sufriendo los Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, a los que su propia Consejera ignora en las peticiones que desde el colectivo le vienen realizando para poder desempeñar sus funciones en unas condiciones mínimas de seguridad y amparo jurídico.

Han sido numerosas las peticiones dirigidas a la Sra. Consejera por los miembros del colectivo donde se le pide la constitución de una Mesa Técnica de Negociación para iniciar un proceso de mejora de las condiciones laborales de est@s emplead@s públic@s, haciendo caso omiso a las mismas.

No es de recibo que en la actualidad estos Agentes, a pesar de tener una Orden que les insta a utilizar el número de identificación profesional (NIP) para sus informes y denuncias con el fin de preservar su identidad personal, se vean obligados, a través de instrucciones de sus superiores, a proporcionar también sus datos personales en los mismos supuestos. Otras de las muchas reivindicaciones del colectivo sería la implantación de un protocolo de seguridad a la hora de realizar sus funciones, la modernización del parque móvil y el acondicionamiento de los vehículos en cuanto al equipamiento necesario y acorde para un cuerpo que ostenta la categoría de agentes de la autoridad. No menos importante, sería la correcta clasificación de los miembros del colectivo en un grupo profesional acorde a la titulación exigida para realizar sus funciones, algo que hasta el momento no se ha acometido.

Debemos recordar que Extremadura es actualmente una región que cuenta con un rico y extenso patrimonio natural, y corresponde a este colectivo de trabajadores velar por la protección del mismo, constituyéndose en garantes de la conservación de este tesoro de biodiversidad con el que contamos en nuestra región y que nos convierte en la envidia de otras zonas, no sólo de España, sino también de Europa, y todo ello pese a que la Sra. Consejera parezca no valorarlo como debiera.

Desde USO queremos hacer un llamamiento al Presidente de la Junta para que, si la Sra. Consejera no está a la altura de las exigencias de su cargo y por mucha “amigocracia” que le una a ella, la cese por ambos motivos: por ignorar las sensatas peticiones de los profesionales y por infravalorar la importancia de preservar el preciado patrimonio natural de Extremadura. Resulta inadmisible que los trabajadores se hayan visto incluso obligados a recurrir a otras instituciones como el Defensor del Pueblo para que se respeten unas mínimas condiciones de seguridad en su puesto de trabajo y para que se cumplan los requerimientos de la Inspección de Trabajo.

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