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CCOO Y UGT FIRMAN UN ACUERDO CON EL GOBIERNO QUE SUPONE UNA PERDIDA DE RETRIBUCIONES ANUALES MEDIAS PARA UNA EMPLEADA O EMPLEADO PUBLICO DE 1.600€ AL AÑO PARA EL 2023.

Este fue el acuerdo alcanzado por CCOO, UGT y Gobierno, siendo un acuerdo muy por debajo del IPC y que empobrece a los empleados públicos en una media de 1.600€ anuales para un sueldo bruto de 32.000€/anuales. (Pincha en el enlace para acceder al acuerdo)

Este acuerdo se publico el 17 de noviembre de 2022 en BOE 276, donde se establece para 2022, el incremento fijo será del 3,5%, teniendo ya en cuenta el incremento del 2% ya aprobado en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Este incremento, de carácter consolidable, tendrá efectos de 1 de enero de 2022 y se abonará en 2022.

Para el año 2023 el incremento salarial fijo es del 2,5%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior.

Adicionalmente en el año 2023, si la suma de la variación del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022 y 2023 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional máximo del 0,5%. Este posible incremento adicional del año 2023, de carácter consolidable, tendrá efectos de 1 de enero de 2023 y se abonarán el mes de octubre de 2023.

Tenemos que tener en cuenta que el cierre del IPC en España en el 2021 lo hace con una inflación media del 3,2%,  consiguiendo los/as empleados/as público recuperar un poder adquisitivo de 0,3%,  al habernos subido 2% a través de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, más 1,5% en el 2022 con carácter retroactivo, esto supone para un sueldo bruto de 32.000€ anuales un aumento de 96€/anuales de poder adquisitivo.

Pero sin embargo, el IPC en  España cierra el 2022 con una inflación media del 8,4%, según los datos adelantados del INE (Instituto Nacional de Estadística), a la espera del dato real  afínales de enero.

Esto supone una perdida de poder adquisitivo de 1.728€/anuales para un sueldo bruto de 32.000€, que si le restamos el aumento de 96€/anuales de poder adquisitivo del ejercicio anterior, supone para el ejercicio 2023 una perdida de poder adquisitivo de 1.632€/anuales para un sueldo bruto de 32.000€.

Nos resulta un tanto llamativo que CCOO y UGT  pidan y presionen a la patronal que los sueldos fuera del sector público suban acorde al IPC 8,4%, pero sin embargo, la subida para el ejercicio 2023  para las empleadas y empleados público sea de 2,5% fijo más un variable de 0,5%, siendo un 5,4% por debajo del IPC en el mejor de los casos la subida en el sector público.

Tanto UGT y CCOO han dejado ver que para ellos el personal que presta servicio en el sector público no ha sido su prioridad.

 

USO EXTREMADURA COLABORA CON FEMXA EN LA DIFUSIÓN DE MÁS DE 30.000 PLAZAS EN FORMACIÓN GRATUITA Y SUBVENCIONADA POR EL SEPE PARA TRABAJADOR@S Y AUTÓNOMOS.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue apostando por la formación 100% subvencionada como principal medio para la recualificación de los profesionales.

Durante el último mes se ha iniciado la ejecución de dos nuevas convocatorias de formación gratuita enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que están 100% subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una de ellas es la convocatoria de Tecnologías de la información (TIC), orientada a mejorar la cualificación y las competencias digitales de las personas trabajadoras, afectadas por ERTE y autónomas de todos los sectores; otra está dirigida a los sectores relacionados con la Hostelería y Turismo, y tiene como propósito atender a las necesidades actuales del sector y aumentar la competitividad de los profesionales de la hostelería y el turismo.

Esta formación es 100% subvencionada por lo que no representa coste alguno para los participantes ni consume créditos de formación de las empresas. La solicitud de los cursos se realiza directamente por parte de las personas interesadas.

El catálogo de formación cuenta con más de 80 cursos online gratuitos entre ambas convocatorias. Se imparten en modalidad online para facilitar la conciliación laboral de los profesionales, dándoles la opción de desarrollar los cursos a su ritmo y en el horario que prefieran.

Todos los cursos son especialidades reconocidas por el SEPE por lo que cuentan con un diploma avalado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que será entregado al finalizar exitosamente la formación.
La inscripción a los cursos ya se encuentra abierta. Las personas interesadas pueden ampliar la información y solicitar plaza en la página web: www.cursosfemxa.es/cursos-uso

Las personas interesadas que tengan cualquier consulta pueden resolverla en el teléfono gratuito al 900 100 957 y en el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

USO denuncia la falta de herramientas para conciliar frente a la COVID-19

Desde la Unión Sindical Obrera de Extremadura denunciamos la situación que están viviendo muchos padres y tutores legales, trabajadores y trabajadoras que durante esta sexta ola se están enfrentando a la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral ante el positivo en COVID-19 de alguno de sus hijos menores.

“Es sorprendente la falta de acción de este gobierno. La Constitución Española en su artículo 39 asegura la cobertura social, económica y jurídica de las familias y además obliga a los padres a prestar asistencia de todo orden a sus hijos, algo que choca con las obligaciones como trabajadores. Cada día son miles los padres de menores positivos COVID-19 que se colocan con la tesitura de si sus hijos o el trabajo, esto es algo que no debía suceder y el gobierno no ofrece soluciones.” – Víctor Arnelas, Coordinador de la Federación de Servicios de la USO de Extremadura.

Como sindicato criticamos duramente este abandono sobre los padres y madres, en algunos casos formando familias monoparentales alejadas de su núcleo familiar más cercano por lo que entendemos que ante la diversidad de los casos deben ofrecerse distintas soluciones.

“Esto es algo que además no ha afectado a olas anteriores en las que existía una cobertura para los padres al existir el confinamiento por contacto estrecho. El gobierno ha ido relajando las medidas y con ello estas coberturas, pero sin ofrecer alternativa y esto ha explotado sobre algunos padres. Por poner un ejemplo una de nuestras delegadas en la empresa Zara está vivendo en sus carnes esta impotencia.” – Concluye Víctor Arnelas.

El sindicato USO reclama con urgencia medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo dependientes de la Junta de Extremadura y del resto de Administraciones.

«El sindicato USO reclama con urgencia medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo dependientes de la Junta de Extremadura y del resto de Administraciones.

Mérida, a 27 de diciembre de 2021. En estos días, la variante Ómicron, suma sus efectos perniciosos a los de otras variantes del virus para volver a azotar al mundo, cambiando los planes de países, de comunidades, … La difícil situación ha provocado la reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar el incremento de contagios en nuestro país por COVID 19, del 22-12-2021, pero de la misma no se ha derivado ninguna medida para espacios cerrados, por lo que esa responsabilidad queda en manos de las Comunidades Autónomas.

Ante este cambio de escenario, las Administraciones autonómicas deben reaccionar, asumiendo su obligación de proteger a los trabajadores y trabajadoras, a sus familias y, por ende, a una buena parte de la sociedad extremeña, de un riesgo de contagio originado en el puesto de trabajo, en locales cerrados que no fueron diseñados para luchar contra epidemias, riesgo al que se suma el derivado de su traslado en autobuses o trenes atestados.

Para ilustrar la necesidad de incrementar las medidas de prevención, decir que una de las medidas principales de protección que la Administración autonómica brinda a sus trabajadores/as es una mascarilla quirúrgica para todo un día de trabajo, cuando debiera sustituirse cada 4 horas. Aunque se pueden mencionar otras, como unas recomendaciones escritas, en la que se cita, entre la regla de las 6 emes, la de “me quedo en casa”, entendemos que, trabajando a distancia, pero en Extremadura solo tienen autorizado el teletrabajo a unos pocos empleados públicos, menos de 1 de cada 100 trabajadores.

No debemos cometer el error de pensar -por 6.ª vez- que somos diferentes. Los nefastos números provocados en las diversas olas solo se han controlado con medidas de prevención. La falta de estas medidas ha desembocado en contagios, incapacidades, hospitalizaciones, ingresos en UCI y, desgraciadamente, también en muertes, y, finalmente, en medidas tardías y drásticas que dañan la economía y la vida de las personas aún más.

El enorme esfuerzo adicional, sin contraprestación alguna, que están haciendo gran parte de nuestros sanitarios, y la vacunación no debieran ser los únicos diques de contención de la epidemia. Para no sobrecargar de nuevo al sistema sanitario, hay soluciones que, junto con la protección generada por las vacunas, pueden prevenir los contagios y proteger la salud de nuestros seres queridos, y que ya han sido probadas con éxito como el teletrabajo parcial. Y cuando hablamos de éxito, nos referimos a que la práctica totalidad de los servicios de la Junta funcionaron correctamente durante muchos meses gracias a que la mayoría de las personas que los componen trabajaron con responsabilidad desde sus casas, sin escatimar esfuerzos, con generosidad poniendo a disposición de la Junta sus equipos personales, y estando disponibles en horarios reservados al espacio personal.

Si bien es cierto que parte de los trabajadores deben realizar su labor presencialmente, como nuestros sanitarios, a los que sería de justicia que se les compensara de algún modo, en otros muchos casos la presencialidad de todos en el puesto de trabajo es evitable, mediante el teletrabajo de parte de la plantilla.

Por todo lo anterior, requerimos a la Junta de Extremadura y al resto de Administraciones Públicas reaccionar con urgencia ante los nuevos datos estableciendo más medidas de prevención y protección de la salud, como una reducción del número de personas trabajadoras presentes en espacios de trabajo a través de del teletrabajo a tiempo parcial y la recuperación de los grupos burbuja.»

EL DEFENSOR DEL PUEBLO PREGUNTA A LA JUNTA POR QUÉ EXCLUYE A LOS ALUMNOS DE LA CONCERTADA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

A raíz de una denuncia presentada por la Federación de Enseñanza de USO, el Defensor del Pueblo ha preguntado a la Junta de Extremadura por qué quedan excluidos los alumnos de los colegios concertados de los programas educativos PROA+ y TRANSITA+, dirigidos al alumnado educativamente vulnerable.

El Defensor del Pueblo asegura que no ha encontrado una justificación para que la Junta no haya previsto la incorporación del alumnado de los colegios concertados a estos programas, especialmente cuando es obligación de la Administración dotar a los centros concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades.

USO exige que se abran urgentemente para los alumnos de la red concertada todos los programas educativos que están funcionando actualmente en los centros públicos.

USO consigue tres sentencias condenatorias hacia los Ayuntamientos de Zafra, Valdelacalzada y Navalmoral de la Mata por vulneración de distintos derechos de sus Policías Locales, así como un requerimiento del Defensor del Pueblo al Ayto. de Pueblonuevo del Guadiana

En el último mes los servicios jurídicos de USO Extremadura han conseguido 3 sentencias condenatorias hacia otros tantos Ayuntamientos de la región, debidas todas ellas a distintas decisiones de sus respectivos Alcaldes y Alcaldesas que vulneraban los derechos laborales de distintos Policías Locales.

El primer Ayuntamiento condenado ha sido el de Zafra, cuyo Alcalde, José Carlos Contreras (PSOE), permitió que se privara a un agente de su derecho a percibir la “gratificación denominada COVID-19”. Esta gratificación fue aprobada para toda la plantilla como contraprestación a la suspensión del disfrute de todos sus permisos, asuntos particulares y vacaciones durante el estado de alarma del año 2020. Sin embargo, uno de los agentes fue requerido por los servicios de salud para someterse a una intervención quirúrgica, por lo que no pudo prestar servicio durante los dos últimos días del periodo fijado para la suspensión de sus derechos por encontrarse convaleciente, motivo que aprovechó la Alcaldía para informar negativamente acerca del derecho a percibir dicha gratificación. Desde USO siempre tuvimos claro que esta decisión de la Alcaldía constituía una discriminación por razón de salud hacia este trabajador, algo que ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz ha venido a corroborar.

El segundo Ayuntamiento condenado es el de Valdelacalzada, cuyo Alcalde, Pedro Noriega (PSOE), pretendía que un agente que había pasado a situación de segunda actividad de forma reciente dejara de percibir distintos conceptos retributivos de su complemento específico que a partir del pase a su nueva situación administrativa dejaría de realizar. No obstante, las pretensiones del Alcalde eran contrarias a lo que se establece en el Artículo 43.1 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, y, pese a que esta argumentación le fue expuesta en vía administrativa, su obcecación le llevó a denegarlo sistemáticamente al agente reclamante, al que ahora también el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz le ha dado la razón.

El tercer Ayuntamiento condenado es el de Navalmoral de la Mata, cuya Alcaldesa, Raquel Medina (PSOE), pretendía que los agentes de nueva incorporación a la plantilla, tras su paso por el Curso Selectivo de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), lo hicieran integrándose de pleno en los cuadrantes de la plantilla y prestando servicio con todas las obligaciones inherentes al puesto, pero pagándoles únicamente las retribuciones básicas, lo cual contraviene la normativa estatal y autonómica que establece que los funcionarios en prácticas tienen derecho a percibir la totalidad de las retribuciones, tanto básicas, como complementarias, siempre que las realicen desempeñando de forma efectiva un puesto de trabajo. De igual forma, la Alcaldesa desoyó las peticiones de los afectados en vía administrativa, lo que ha supuesto la condena por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres.

Por último, el Alcalde de Pueblonuevo del Guadiana, Pedro Pablo González (PP), ha sido requerido por el Defensor del Pueblo, a consecuencia de la queja interpuesta por USO ante esta Institución, para que de forma urgente e inmediata proceda a regularizar la situación laboral y retributiva de todos los trabajadores públicos de su Ayuntamiento, y especialmente de los Policías Locales, todo ello a causa de las numerosas irregularidades e incumplimientos normativos en cuanto al reconocimiento y a la percepción de determinados conceptos retributivos que deberían estar contemplados en su inexistente Relación de Puestos de Trabajo, conceptos a los que tienen derecho y de los que, sin embargo, el Alcalde les lleva privando durante años.

Desde USO queremos hacer un llamamiento a los distintos Alcaldes y Alcaldesas de las distintas localidades de Extremadura para que pongan un poco más de interés en cumplir con todas las normativas que regulan y reconocen los derechos laborales y retributivos de la totalidad de los empleados públicos de sus respectivos Ayuntamientos, además de no obcecarse en tratar de salirse con la suya siempre y por encima de todo y de todos, con absoluto menosprecio a las evidencias que se les plantean en vía administrativa, ya que de lo contrario son los ciudadanos de sus localidades y las arcas municipales de estas localidades las que acaban pagando los platos rotos de las sentencias judiciales que les condenan a pagar unas costas que, en la mayoría de las ocasiones, deberían repercutir sobre sus propios bolsillos y no sobre el interés general.

USO DENUNCIA EL SUMINISTRO DE COMIDA CADUCADA PARA LOS BOMBEROS FORESTALES DE EXTREMADURA EN LOS AVITUALLAMIENTOS DE LOS INCENDIOS.

Badajoz 17 de diciembre de 2021. Al anochecer del día 15 de diciembre se inició uno de los mayores incendios forestales del año 2021 entre Villanueva y Valverde de la Vera.Comenzando en la zona conocida como “La Lobera” o “Cerro de la Timona” en las laderas veratas de Villanueva, rápidamente y empujado por el viento sobre una zona de robledal con escasos acceso, el incendio se consolido tomando tintes de gran siniestro.

Al amanecer del día 16, ante la envergadura del incendio se incorporaron nuevos medios tanto terrestres como aéreos para dar relevo a los que durante la noche intentaron controlar el amplio perímetro de llamas.

Todo el personal trabajó sin descanso desde primeras horas de la mañana, y a partir de las 14h
de la tarde se comunica a las diferentes unidades que ya está disponible el avituallamiento y se
les comienza a repartir.

La sorpresa llega cuando el personal de extinción tras toda una mañana de combate en los frentes de llama se encuentra con una bolsa o ración con una fecha de consumo preferente ya pasada: octubre de 2021. Ante las protestas a los responsables la respuesta es “que la abran y que tiren lo caducado y que aprovechen lo que no está caducado”.

Cabe recordar que la lucha contra incendios forestales en primera línea y aún más cuando se está trabajando con herramientas manuales en líneas de control del fuego (puesto que ni vehículos ni mangueras con agua pueden alcanzar los frentes) consume ingentes cantidades de calorías debido a los esfuerzos que el personal debe realizar, existiendo diversos estudios que llegan a comparar las necesidades alimenticias de un Bombero Forestal, con las de un corredor que disputa una etapa de una vuelta ciclista.

Este auténtico despropósito (y vergüenza) no se puede entender como un avituallamiento para personal del Infoex que lleva trabajando toda la mañana duramente, cuando además, muchos de los integrantes del dispositivo de extinción del incendio no se encontraban en servicio de guardia y por lo tanto ni siquiera disponían de la comida que suelen llevar por su cuenta para casos como este (tan comunes que el personal ya sabe que si quiere comer decentemente debe aportar la comida por si mismos) Además muchos tuvieron que seguir hasta bien entrada la noche trabajando para conseguir el control del incendio, prácticamente sin haber comido nada.

LOS INCENDIOS DE INVIERNO DAN LA RAZÓN A LOS BOMBEROS FORESTALES DE EXTREMADURA EN SUS REIVINDICACIONES

Hace apenas un mes y medio los bomberos forestales de Extremadura se concentraron ante la Asamblea en contra de la imposición de unas normas dictatoriales impuestas desde el Centro Operativo Regional y que mermaban el dispositivo para los incendios en invierno. Con la excusa de la optimización de recursos y unas estadísticas que cambian cada año según la climatología eligieron disponer de más vehículos en cada servicio de guardia, pero menos Bomberos Forestales en cada grupo de extinción, sistema que no funciona como ha quedado claro en este último gran incendio del 2021.

El incendio del pasado día 15 en Villanueva de la Vera ha afectado a una zona de robledal y enebral de alto valor ecológico, destruyendo más de 200 hectáreas entre los municipios de Villanueva de la Vera y Valverde de la Vera.

El retén con base en Villanueva no dispone de personal ese día, ya que los escasos bomberos forestales disponibles se encontraban librando y no hay relevo alguno, gracias a la nueva organización de guardias impuesta. Adicionalmente su camión se encuentra averiado. Se moviliza un retén helitransportado, de Jarandilla de la Vera… que dispone de helicóptero y debe desplazarse en un vehículo ligero terrestre.

Tampoco hay agentes del medio natural en servicio de guardia de incendios, por lo que la localización del camino de acceso al incendio se deja a la buena voluntad de vecinos o voluntarios.

Las unidades movilizadas inicialmente se quedan cortas, compuestas por sólo 4 Bomberos Forestales, por lo que se moviliza también al retén de Jaraíz…con otros 4 componentes. Empieza a soplar con más fuerza el viento, y con pendiente a favor el incendio se descontrola
y empieza a tomar unas dimensiones que 12 bomberos no pueden abarcar… las siguientes unidades movilizadas a las 21:00 son el retén de Serradilla y el de Jaraicejo… a casi 100 kms de distancia.

Dadas las dimensiones del incendio, la escasez de personal y la inaccesibilidad con vehículos, se envía a todo el personal a descansar para recomenzar las tareas de extinción al amanecer. El helicóptero de Serradilla es el primer medio en llegar a primera hora del dia 16 dando la voz de alarma: el incendio tiene mucho perímetro y se necesita mucho personal, Bomberos Forestales, en tierra para poder apagarlo y solicita más medios aéreos…de los que INFOEX no dispone.

Desde el COR se moviliza de nuevo a los medios cercanos de guardia disponibles, pero también se moviliza al personal que está haciendo trabajos preventivos en las zonas de la Vera, Monfragüe y Hurdes… y no se desplaza ningún medio más de guardia desde otras zonas, provocando que los medios que no están de guardia superen las horas diarias de trabajo.

Llega un helicóptero de Valladolid, dos aviones anfibios con base en Matacán (Salamanca) y las Briff de Pinofranqueado y de la Iglesuela (Toledo)… medios extraordinarios, que son requeridos por la grave situación acontecida, pero saltándose por enésima vez el propio Plan INFOEX, sin declarar un NIVEL 2 tal y como el decreto 52/2010 expresa. Acaso no interesa levantar mucho ruido sobre un incendio de gran superficie donde apenas se han enviado Bomberos Forestales.

El error mayúsculo de la modificación de las guardias de invierno, la falta de planificación efectiva del Centro Operativo Regional, COR de Cáceres, y el despropósito de esta imposición a los trabajadores del Plan INFOEX significa que no se pueden atajar los incendios con eficacia ni seguridad: podemos enviar 8 camiones en lugar de 4, pero si esos camiones no disponen de al menos un equipo de extinción de 6-7 Bomberos Forestales, los 3-4 que operan con ellos no son efectivos y su trabajo se hace mucho más pesado e inseguro.

Un servicio que se vanagloria de la adquisición y operación de un carísimo y moderno dron hace unos días, pero que suministra comida escasa y caducada a los que realmente deben combatir y frenar el avance de las llamas parece dar poca importancia al daño que los incendios puedan producir sobre el patrimonio natural extremeño, máxime cuando lo que parece importar es el número de “medios” enviado al siniestro y no la cantidad de personal que los opera, autentica fuerza y musculo de la extinción.

Mientras, una gran cantidad de Bomberos Forestales con ganas de trabajar y experiencia de sobra, han sido despedidos al finalizar sus contratos temporales de refuerzo para la campaña de verano 2021, y esperan ya hace tiempo que la administración reactive los llamamientos para cubrir la gran cantidad de bajas y vacantes que sufren las unidades de extinción.

La razón por la que no se cubren estas plazas, y se permite una merma tras otra del número de componentes de las unidades de extinción no se llega a comprender, más aún cuando el propio servicio justifica sus decisiones en el aumento del peligro de incendio en las temporadas otoño- invernales, con situaciones meteorológicas muy complicada.

USO exigen la dignificación y el reconocimiento de los bomberos forestales de Extremadura.

Mérida a 28 de octubre de 2021. USO y SGTEX han convocado una concentración en la Asamblea de Extremadura denunciando la situación que están sufriendo los bomberos forestales en Extremadura tras las continuas imposiciones y prohibiciones a las que están expuestos.

El colectivo de Bomberos Forestales de Extremadura se ha concentrado en la mañana de hoy en la Asamblea de Extremadura exigiendo soluciones a la multitud de limitaciones y prohibiciones a las que están sometidos en el desarrollo de su trabajo. En concreto, se han expuesto las limitaciones a la que están sometidos para poder disfrutar de una conciliación familiar y laboral en las mismas condiciones que cualquier otro empleado público de la Administración autonómica, ya que, por ejemplo, tienen prohibido por sus Normas de organización y funcionamiento disfrutar de sus días de vacaciones o de asuntos particulares durante la mayor parte del año y se les obliga a disponer de ellos durante los meses de octubre a mayo.

 

Tienen que estar disponibles para personarse en sus retenes si son movilizados para la extinción de un incendio en menos de 30 minutos, sufriendo esta situación una semana de cada dos en época de peligro alto y una de cada cuatro en época de peligro bajo, sin percibir una retribución especifica por ello, cuando si hay miembros del colectivo que si perciben un complemento de 1087€ mensuales por ello.

Tienen prohibidos hacer cambios de turno con otros compañeros del mismo retén por la creación de falsos grupos burbujas, en los que si existen trabajadores que son comunes en ambos turnos. Un ejemplo de esta situación se produce en los retenes helitransportados, donde se impide hacer cambio de turnos entre compañeros para no “mezclar” componentes, pero, sin embargo, tanto el mecánico como el piloto del helicóptero son comunes a los dos grupos.

En 2015, la Asamblea de Extremadura determinó que se creará la categoría de bombero forestal en Extremadura para que las y los miembros del colectivo pudiesen disfrutar de unas condiciones laborales similares a los bomberos urbanos, en concreto, al reconocimiento de las enfermedades profesionales y de la posible jubilación a los 60 años. Por parte del Gobierno de Extremadura y de algunos sindicatos de la Mesa de Negociación, se estableció únicamente el cambio de nombre del puesto y unificación de la gran parte del colectivo bajo una única denominación, bombero forestal conductor, pero sin cumplir el mandato de la Asamblea en el resto de condiciones laborales.

la Ley de prevención, además de incumplirse sistemáticamente la entrega de uniformidad establecida en el V Convenio Colectivo, situación que ha llevado a denunciar este incumplimiento ante la Inspección de trabajo. Además, y como puede desprenderse de varios pronunciamientos de la propia Inspección de Trabajo, no se está impartiendo la formación necesaria al colectivo para poder desarrollar su trabajo con seguridad.

Otro de los puntos a destacar, es la situación de incongruencia que se está viviendo con las casetas de vigilancia, donde, hace unos años, se gastó una cantidad ingente de dinero público para su reforma y, actualmente, se están dejando sin cubrir determinados turnos de vigilancia para, previsiblemente, en un futuro no muy lejano, privatizar este servicio. Como ejemplo, cabe destacar que, durante esta pasada campaña de peligro alto, un número elevado de casetas no tenían vigilancia en el turno de noche, con lo que la Junta está consiguiendo un “ahorro doble”: la no contratación de un turno de trabajo y la bajada de sueldo a los ya contratados por que no realizan la turnicidad. Una jugada maestra y que escenifica la importancia que, desde la Administración autonómica, se reconoce a este servicio. Además, se está cambiando el destino de los vigilantes para que se incorporen a los retenes y así maquillar el déficit de personal.

 

Son muchos los bomberos forestales que tienen que realizar unas determinadas funciones sin percibir las retribuciones adecuadas. Esta incongruencia llega a situaciones como sucede con los conductores que no perciben el complemento de conducción, muchos jefes de retén que no perciben el complemento correspondiente o los helitransportados, que tampoco reciben ningún complemento de vuelo como si ocurre en le resto de comunidades autónomas. Esta situación se terminaría si se regulasen las funciones de cada uno de los puestos y que cada uno de ellos percibiese unas retribuciones adaptadas a sus funciones.

Mención especial requiere los contratos en fraude de ley realizados a las y los trabajadores interinos y de refuerzo. Existen actualmente cerca de 200 interinos en el Servicio y la gran mayoría de ellos se encuentran en abuso de la temporalidad debido a la dejación por parte de la Administración en el cumplimiento de la obligación de convocar estas plazas a oposición. Además, todos los años se han venido contratando cerca de 150 refuerzos para la época de peligro alto con contratos fraudulentos, situación que ha desembocado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reconozca esta irregularidad y les reconozca la condición de indefinidos. A día de hoy, cerca de 100 ya han iniciado el proceso judicial de reconocimiento de derecho. Esta situación se terminaría si la Junta cumpliese con su obligación de regularizar la situación de las y los trabajadores en abuso de la temporalidad y convocase a oposición el resto de plazas vacantes.

 

En 2018 se aprobó el Plan operativo de recursos humanos del INFOEX, donde, entre otros asuntos, se establecía la promoción profesional desde el grupo V al grupo IV de los peones. Este Plan se vendió como un simple trámite donde todos los miembros del colectivo serían reclasificados al nuevo grupo. La realidad fue que cerca de 50 trabajadores fueron considerados como no aptos en un exhaustivo reconocimiento médico para seguir realizando las mismas funciones que venían realizando hasta el momento. A día de hoy, realizan las mismas funciones que el resto de sus compañeros, pero sin haber promocionado. La incongruencia llega a tal extremo que, pasados unos meses, esos mismos trabajadores se han sometido al mismo reconocimiento médico y han sido considerados como aptos, pero se les impide promocionar y percibir las retribuciones de su puesto de trabajo.

Con esta situación extrema que se ha generado en el INFOEX por parte de los responsables políticos y Técnicos, desde el colectivo se exige una solución inmediata a este atropello que están sufriendo y se ha entregado un dossier informativo tanto al Presidente de la Junta como a cada uno de los Grupos Políticos de la Asamblea para sean conocedores de la situación real que están viviendo, que dista mucho de la idílica ofrecida por los responsables del Servicio. Ante esta situación se pide que:

  1. Se permita el disfrute de vacaciones y asuntos particulares en igualdad de condiciones que el resto de empleados autonómicos y que se fomente la conciliación de la vida familiar y laboral.
  2. Se establezca un régimen compensatorio adecuado a la disponibilidad que está establecida o que se negocie una nueva regulación.
  3. Se inicien los trámites necesarios para el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal, así como las enfermedades profesionales y los índices correctores que posibilitarían la jubilación a los 60 años.
  4. Se cumpla estrictamente la Ley de prevención de Riesgos Laborales y el V convenio Colectivo, así como que se imparta la formación necesaria para que los miembros del colectivo puedan desarrollar su trabajo con seguridad.
  5. Se vuelvan a cubrir todos los turnos de vigilancia en las casetas y que los vigilantes sigan realizando sus funciones.
  6. Se cataloguen las funciones de los diferentes puestos de trabajo del Plan INFOEX y que cada uno tenga unas retribuciones adaptadas a sus funciones.
  7. Se regularice la situación de los interinos en abuso de la temporalidad y se convoquen el resto de plazas vacantes a oposición.
  8. Se regularice la situación de los No Aptos y se de cumplimiento al Plan operativo de recursos humanos del INFOEX recatalogándolos en el grupo IV.

También han informado que esta concentración es solamente el punto de partida de una serie de acciones reivindicativas que desembocarán una previsible convocatoria de huelga indefinida si no se da una solución antes del inicio de época de peligro alto del año 2022.

 

USO consigue una Sentencia que obliga al Sexpe a hacer fija a una trabajadora que aprobó una oposición sin plaza y lleva 15 años en el organismo

La sentencia, ganada por USO-Extremadura en el Tribunal Superior de Justicia, obliga a la Junta a considerarla fija en lugar de indefinida no fija por el cambio sustancial que supone haber aprobado un proceso selectivo para cubrir vacantes.

Badajoz, 17 de septiembre de 2021.- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tras recurso presentado por USO, ha fallado que el Servicio Extremeño Público de Empleo, el Sexpe, debe hacer fija a una auxiliar administrativa que aprobó unas oposiciones sin plaza y lleva trabajando en el organismo, en diferentes modalidades, desde 2006. La demanda había sido desestimada en Primera Instancia por los Juzgados de lo Social de Badajoz, pero señalan los magistrados del Superior que hay un hecho diferencial en este caso para pronunciarse de forma distinta a otros recursos desestimados:

“Pero en este supuesto, como hemos visto, viene a resultar que la recurrente sí ha superado un proceso selectivo para cubrir plazas vacantes de su categoría profesional (…), lo que nos aboca a estimar la pretensión principal”, es decir, que “se le reconozca la condición de trabajadora fija”.

Porque “a la vista de las circunstancias que concurren en el supuesto analizado, hemos de darle una solución distinta a las ya adoptadas por esta Sala”.

La demandante se presentó a un primer proceso selectivo para cubrir vacantes de personal funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2003. En esa ocasión, no superó las oposiciones, pero quedó incorporada, tal y como preveía la convocatoria, a una lista de espera.

El 1 de enero de 2006, comenzó su relación contractual, por obra o servicio, como auxiliar administrativa, contrato que fue prorrogado sucesivamente por parte la Administración.

A finales de ese año, la Junta volvió a convocar oposiciones y, en esta ocasión, la aspirante sí aprobó los dos ejercicios de los que se componía la prueba. Pero no obtuvo plaza. A pesar de eso, siguió trabajando con prórrogas constantes de su contrato. Entre 2009 y 2018, la Junta realizó varias convocatorias públicas de empleo. La trabajadora no las superó, pero tampoco se cubrió con ellas la plaza estructural que ocupaba, pues, de hecho, la Junta nunca llegó a convocar esa plaza, lo que impedía que la demandante se presentara a aquel puesto para el
que estaba preparada.

“Estamos muy satisfechos con esta sentencia, pues supone un antes y un después a la situación del abuso de la temporalidad de las y los empleados públicos. Queda clara la mala gestión de personal por parte de la Junta, permitiendo que permanezca una persona en un puesto de trabajo durante 12 años, sin crearlo en la correspondiente relación de puestos de trabajo ni convocar esta plaza a ningún tipo de proceso selectivo, mientras tiene en ese puesto desde hace 15 años a una persona que sí aprobó la oposición y que, sin embargo, no obtuvo una plaza por no convocar la Junta todas las plazas existentes en vacante. Es del todo surrealista”, defiende Luis Manuel Gil Maya, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO-Extremadura.

Gil Maya incide en que “esperamos que esta sentencia sirva para que los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados que están en este momento negociando la aprobación de la denominada Ley de Interinos busquen una solución satisfactoria para todas y todos los empleados públicos en abuso de la temporalidad, y no se fuerce a los mismos a seguir defendiendo sus derechos vía judicial”.

La sentencia deja abierta la puerta a un recurso de casación. Sin embargo, desde FAC-USO esperan que, “en el caso de que la Junta recurra, el Tribunal Supremo tenga en cuenta la particularidad del caso, que ha supuesto un cambio de doctrina en el Superior de Justicia de Extremadura con respecto a otras demandas, que había desestimado por no concurrir junto con la abusiva temporalidad el haber aprobado un proceso selectivo”.

Esta sentencia conlleva que el TSJ de Extremadura es el segundo Tribunal a nivel nacional que se pronuncia en este sentido, concediendo la fijeza a una trabajadora en abuso de la temporalidad, “abriendo la puerta a empleadas y empleados públicos que se encuentren en una situación similar a la demandante a que se le reconozca la condición de fijo en la Administración correspondiente”, recalca el secretario general de FAC-USO-Extremadura.

Además, “refuerza la línea de trabajo que ha llevado USO-Extremadura para luchar contra la precariedad laboral en las Administraciones Públicas. Esta defensa nos ha llevado a iniciar, solo en Extremadura, cerca de 500 procesos de reconocimiento de este derecho mediante reclamaciones previas a la vía judicial y demandas judiciales”, recapitula Luis Manuel Gil Maya.

USO denuncia el deterioro del servicio de ambulancias con el nuevo concurso público

USO denuncia el deterioro del servicio de ambulancias con el nuevo concurso público

La Unión Sindical Obrera de Extremadura, sindicato mayoritario del sector del transporte sanitario en la región, denuncia recortes en el nuevo modelo de transporte sanitario que se pondrá en funcionamiento con la nueva licitación del servicio y que afectan a la calidad asistencial que recibirán los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura durante los próximos 4 años.

“Entendemos que con este nuevo modelo, el transporte sanitario en Extremadura va a empeorar. El aspecto más importante es que se han eliminado de un plumazo 6 ambulancias de Soporte Vital Básico que son del tipo asistencial y se han sustituido por ambulancias de tipo A que son de tipo no asistencial. De este asunto se están haciendo eco incluso los alcaldes de las localidades que figuran como base de estos vehículos, ya que ayer denunciaban en redes sociales este atropello para sus conciudadanos y los de las poblaciones colindantes.” – Víctor Arnelas, Coordinador FS-USO Extremadura.

Se da la circunstancia de que el aumento del número de vehículos SVB estuvo dentro de las muchas propuestas que la USO hizo a la Junta de Extremadura de cara a la nueva licitación, y ahora vemos que ha sido ignorada. Mientras el resto de regiones del país camina a un modelo asistencial con más ambulancias tipo B y C que pasan a sustituir a las tipo A cuya dotación está varios escalones por debajo, resulta que en Extremadura vamos en dirección contraria. Si comparamos con una región de características similares a la nuestra como la vecina Castilla-La Mancha, observamos que en Extremadura una misma ambulancia de Soporte Vital Básico tendrá que asistir a más del doble de población. En definitiva, un ciudadano o ciudadana del mismo país y de una región vecina como es la de Castilla La Mancha recibirá un servicio mucho mejor que uno o una de Extremadura, cuantitativamente podemos hablar de más del doble.

“Si en Castilla La Mancha existen 3,2 ambulancias por cada 100 mil habitantes y se prevé que se aumenten en la próxima licitación, aquí bajamos desde 1,96 ambulancias por cada 100 mil habitantes a tan sólo 1,49 ambulancias por 100 mil habitantes después del recorte del 28% de estas ambulancias” – Víctor Arnelas

Tras esto, la preocupación no sólo afecta a la calidad del servicio que reciben los extremeños y extremeñas, sino que también se extiende a la incertidumbre que ahora se cierne sobre los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en las ambulancias que desaparecen.

“Hubiéramos pensado en un recorte de ambulancias no asistenciales para incrementar el número de asistenciales, pero lo que ha pasado nos ha dejado descolocados. Estamos además ante ambulancias que hasta ahora están teniendo una gran actividad que tendrá que ser amortizada por menos vehículos. Es innegable el perjuicio para los ciudadanos.” – Víctor Arnelas

Además de estas ambulancias, también desparecen las llamadas A1-UP, que no son asistenciales, si bien esto era algo que desde la Junta ya nos habían adelantado debido a su baja actividad. En este sentido, la preocupación sobre qué pasará con los trabajadores no se elimina, por lo que preguntaremos al SES al respecto.

La FTSP-USO Extremadura se consolida como el sindicato mayoritario en la región de Extremadura

La FTSP-USO Extremadura se consolida como el sindicato mayoritario en la región

USO, a través de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada en Extremadura (FTSP-USO Extremadura), se consolida como el sindicato mayoritario del sector en la región al alcanzar el 35,71 % de representatividad.

Se trata de una excelente noticia para los vigilantes de seguridad de Extremadura que con sus votos apuestan y confían en USO como la mejor opción sindical para la defensa de sus intereses.

Desde la FTSP-USO Extremadura valoran estos datos de representación como un importante reto y responsabilidad para los delegados y dirigentes que, sin duda, seguirán trabajando para atender y defender los derechos de los trabajadores del sector de la seguridad privada en Cáceres y en Badajoz.

USO-Extremadura denuncia que la Junta pretende que los monitores de Actividades Complementarias subsistan con apenas 3.200 euros al año

El 15 de junio se publicó en el DOE la Resolución para prorrogar las actividades formativas complementarias en los centros públicos de educación infantil y primaria y específicos de educación especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2021/2022.

A través de la Consejería de Educación se imparten anualmente 625 actividades formativas complementarias para niños de toda la región. Para su impartición, la Junta de Extremadura cuenta con alrededor de 370 monitores indefinidos discontinuos y el resto son contratados de manera temporal. Estos monitores están contratados desde el mes de octubre hasta mayo a jornada parcial, percibiendo unas retribuciones que a duras penas superan los 400€ mensuales.

Este año, vuelven a impartirse la totalidad de las actividades formativas que estaban programadas antes del inicio de la pandemia, ya que el curso pasado, no se impartieron numerosas actividades formativas, lo que conllevó el despido de más de 30 monitores indefinidos discontinuos.

Esta situación fue judicializada por la asesoría jurídica de USO, consiguiendo que se les reconociese el despido improcedente y la correspondiente indemnización a abonar por la Junta y que a día de hoy siguen esperando, pese a que le propuso a la Consejería de Educación que no despidiese a estos trabajadores y suspendiese sus contratos durante ese curso y así evitar la posible indemnización.

Pues bien, en la Resolución del día 15 de junio, se vuelven a ofertar las actividades formativas de los monitores despedidos el curso pasado, por lo que tendrán que volver a contratar a 30 monitores más y habrán gastado innecesariamente la indemnización que, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tienen que abonar a cada uno de los que demandaron su despido.

Además de esto, cuando finaliza el curso escolar, a los monitores indefinidos la Junta les suspende el contrato hasta el siguiente curso, impidiéndoles que puedan volver a trabajar en cualquier otro puesto de trabajo en la Junta durante los meses de junio a septiembre. Es decir, la Junta considera que una persona que trabaja durante 8 meses impartiendo actividades complementarias tiene cubiertas sus necesidades vitales con una cantidad que apenas alcanza los 3.200 euros anuales.

Desde USO pedimos a la Junta que elimine esta cláusula que impide trabajar a este colectivo de trabajadores durante los meses de verano, ya que todos deben tener derecho a procurarse unas retribuciones lo suficientemente dignas para poder mantener a sus familias. También reclamamos que se inicie un proceso de negociación con los representantes del colectivo para reconocer y poner en valor su actividad y profesionalidad, no fomentando la precariedad laboral.