Badajoz, 9 de julio de 2026.- La asesoría jurídica de USO Extremadura ha obtenido una importante victoria judicial frente al Ayuntamiento de Badajoz. La Sentencia, dictada por el juzgado contencioso N.º 2 de Badajoz, estima íntegramente la demanda presentada por el sindicato y declara contraria a Derecho la inactividad municipal por no ejecutar un acuerdo plenario firme que reconocía el nivel 22 de complemento de destino para determinados puestos de trabajo. Como consecuencia, el Ayuntamiento deberá aplicar dicho nivel desde la firmeza del acuerdo, abonar las diferencias retributivas dejadas de percibir, los intereses legales y las costas del procedimiento.
El origen de este conflicto se remonta al Acuerdo Plenario de 13 de noviembre de 2025, mediante el que el Ayuntamiento aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para adecuar al nivel 22 los puestos afectados. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, adquirió firmeza al no ser recurrido y, por tanto, era plenamente ejecutivo. Sin embargo, el equipo de gobierno decidió no darle cumplimiento, alegando que la ausencia de un jefe de servicio impedía emitir los informes necesarios para su ejecución. Durante meses, los trabajadores vieron paralizado un derecho ya reconocido por el propio Pleno, obligándoles a presentar reclamaciones administrativas y, finalmente, a acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de un acuerdo que nunca debió quedar bloqueado. El Juzgado ha rechazado ese planteamiento y recuerda que la Administración no puede retrasar la ejecución de un acuerdo firme mediante actuaciones internas o decisiones posteriores.
Para USO, esta sentencia va mucho más allá del caso concreto. Pone de manifiesto una forma de gestionar los Recursos Humanos basada en la desidia, inacción, ralentización intencionada, falta de impulso y el incumplimiento de acuerdos que perjudica directamente a la plantilla municipal. Resulta inaceptable que los trabajadores tengan que acudir a los tribunales para conseguir derechos que ya habían sido reconocidos por el propio Ayuntamiento.
Desde USO denunciamos la preocupante dejación de funciones del concejal delegado de Recursos Humanos. La falta de dirección y de capacidad para resolver los problemas del servicio está provocando que diferentes acuerdos permanezcan sin ejecutarse y que numerosos derechos regulados en el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento no se apliquen, obligando a que tanto USO como los empleados municipales tengan que soportar retrasos injustificados en el reconocimiento efectivo de sus derechos. Las excusas organizativas no pueden convertirse en la justificación permanente para incumplir acuerdos plenarios ni para trasladar las consecuencias de una mala gestión a los trabajadores.
Esta forma de actuar no solo perjudica a los empleados públicos, sino también al conjunto de la ciudadanía, ya que cada incumplimiento acaba traduciéndose en el pago de atrasos, intereses y costas judiciales con dinero público, un gasto perfectamente evitable con una gestión responsable y diligente.
Esta sentencia supone un nuevo respaldo al trabajo desarrollado por la asesoría jurídica de USO y demuestra, una vez más, que el sindicato seguirá utilizando todas las vías legales necesarias para garantizar que los derechos de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz sean respetados cuando la Administración decida no cumplir sus propias obligaciones.
