USO DENUNCIA LA DIFERENCIA SALARIAL EN LAS PRINCIPALES ADMINISTRACIONES DE NUESTRA REGIÓN

USO Extremadura ha presentado un informe realizado por la Consultora Internacional SYNDEX, especializada en informes sobre el mercado laboral, donde se recoge una comparativa sobre las retribuciones de las empleadas y empleados públicos en las principales Administraciones regionales, arrojando dicho informe una gran desigualdad retributiva.

En concreto, este informe recoge que existe una diferencia superior al 20% en las retribuciones anuales entre un empleado público de la Administración General con respecto a un puesto similar en la Diputación de Cáceres o en el Servicio Extremeño de Salud. Esta diferencia se puede cuantificar de la siguiente manera:

• Un puesto del grupo A1 de personal funcionario o del grupo I de personal laboral percibe 10.713€ anuales menos en la Administración General de la Junta de Extremadura con respecto a ese mismo puesto en el SES.
• Un puesto del grupo A2 de personal funcionario o del grupo II de personal laboral percibe 7.883€ anuales menos en la Administración General de la Junta de Extremadura con respecto a ese mismo puesto en la Diputación de Cáceres.
• Un puesto del grupo C1 de personal funcionario o del grupo III de personal laboral percibe 6.918€ anuales menos en la Administración General de la Junta de Extremadura con respecto a ese mismo puesto en la Diputación de Cáceres.
• Un puesto del grupo C2 de personal funcionario o del grupo IV de personal laboral percibe 5.895€ anuales menos en la Administración General de la Junta de Extremadura con respecto a ese mismo puesto en la Diputación de Cáceres.
• Un puesto del grupo D de personal funcionario o del grupo V de personal laboral percibe 4.433€ anuales menos en la Administración General de la Junta de Extremadura con respecto a ese mismo puesto en la Diputación de Cáceres.
• Un puesto de Bombero Forestal Conductor percibe 6.062€ anuales menos en el INFOEX que ese mismo bombero en la Comunidad Valenciana.

Además de esta falta de equiparación salarial dentro de administraciones regionales, existe otra penalización más, que es la pérdida de poder adquisitivo que arrastramos año tras año por las subidas pactadas por el Gobierno Central y los sindicatos de la Mesa General de Negociación, CSIF, CCOO y UGT, que son inferiores a las subidas del IPC, por lo que desde el año 2010 hasta la actualidad existe un desfase en esas subidas del 16,05%. Esta pérdida de poder adquisitivo acumulada fruto de estas negociaciones a la baja, se refleja en que para un sueldo bruto de 2.000€ mensuales, se acumula una pérdida mensual de 321€, equivalente a  4.494€ anuales.

Por otro lado, el pasado mes de junio se celebró en Mérida un congreso realizado por la Consultora NTT-DATA SPAIN, en colaboración con la Junta de Extremadura, donde se expuso el futuro de la Función Pública. Este Congreso formaba parte de la adjudicación que recibió la citada Consultora a través de un Contrato de servicios de consultoría para la evaluación y diagnóstico de los recursos humanos de la Administración General de la Junta de Extremadura, por un importe de 1.017.745,52€.

Esta licitación fue convocada por el Gobierno del Presidente Fernández Vara en 2022 y presentado por la actual Consejera de Hacienda y Administración Pública en el citado Congreso. En primer lugar, desde USO queremos felicitar a la Consultora NTT-DATA SPAIN por la calidad del trabajo presentado y por la concreción de los datos recogidos en el mismo. En el citado informe se pone de manifiesto el modus operandi del anterior Gobierno y que está siendo perpetuado por el actual, que no es otro que atribuir las retribuciones a los puestos de trabajo según la persona que lo ocupa o que quieren que lo ocupe, es decir, unas retribuciones con nombre y apellidos, y no dependiendo de las funciones y la jornada a realizar, según lo establecido en el citado informe.

También se recoge, entre otras, al uso “torticero” que se está haciendo de las comisiones de servicio como “medio de reconocimiento o promoción”, existiendo un número superior a las 2000 y en su gran mayoría ocupan puestos de jefatura de sección o de servicio, así como la necesidad de modificar los tipos de procesos selectivos y la necesidad de realizar una valoración de los puestos de trabajo para establecer las retribuciones complementarias de cada uno de ellos de manera objetiva.

Desde USO Extremadura le pedimos al Gobierno de la Presidenta María Guardiola que saque del cajón este informe en el que los extremeños y extremeñas hemos invertido más de un millón de euros y apliquen las medidas contenidas en el mismo, empezando por la realización de un Plan Estratégico de Recursos Humanos que establezcan las estructuras necesarias en la Junta de Extremadura para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía.

Entendemos que es prioritario la implantación de las diferentes medidas contenidas en ese informe, como son la reestructuración de los servicios, la implantación de la carrera profesional y de la evaluación del desempeño, la valoración de los diferentes puestos y la modificación de sus retribuciones complementarias de cada uno de ellos, la modificación de los procesos de selección de personal para agilizar  la realización de los mismos y potenciar su transparencia, poner realmente en marcha un plan para el diseño e implementación de la estrategia para la transferencia del conocimiento, además de propiciar el diseño e implementación de soluciones tecnológicas para la mejor gestión de los recursos humanos así como la posibilidad de profesionalizar la Dirección General de Función Pública, para que su máximo responsable sea un Técnico que pueda desarrollar su trabajo con independencia y con perspectiva de futuro y no un político que tenga seguir las directrices del Gobierno que le ha dado el puesto.

Por otro lado, desde USO Extremadura no comprendemos como desde el Gobierno de la Presidenta María Guardiola y en consonancia con la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, se venda como un gran logro el devolver a los empleados y empleadas públicos la subida del 2% del año 2020. En este sentido, USO Extremadura insta a la Presidenta y a su Consejera de Hacienda y Administración Pública a que la devolución tiene que ser en un único plazo y que se incluyan los intereses correspondientes desde el año 2020 hasta la fecha efectiva de la devolución. Aunque se transmita un mensaje de optimismo y euforia con esta devolución de lo que por Ley corresponde, la situación real sigue siendo que estos trabajadores y trabajadoras presentan una pérdida de poder adquisitivo desde el año 2010 del 16,05%, a lo que tenemos que sumar la arbitrariedad de esta Administración en la asignación de retribuciones según la persona que las vaya a recibir, según se recoge en el informe de NTT-DATA SPAIN, y la falta de equiparación con otras Administraciones regionales, generando penalizaciones que varían aproximadamente desde los 17.000€ para los Grupos A1/I hasta los 9.000€ para los Grupos D/V anualmente.

Por todo esto y en sintonía a lo expuesto en numerosas ocasiones por el Gobierno Extremeño en lo referente a poner en valor a sus empleados y empleadas, desde USO Extremadura instamos al Gobierno de la Presidenta María Guardiola a convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Extremadura para iniciar los trabajos recogidos en estos informes y comenzar con la transformación que necesita nuestra administración para adaptarla al siglo XXI, trabajos que ya están iniciando otras administraciones de nuestra Región como la Diputación de Badajoz.

DESCARGAR INFORME