La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO-Extremadura) lamenta profundamente que la disolución de la Asamblea de Extremadura, consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones para el
próximo 21 de diciembre, vuelva a situar a la Administración autonómica en un periodo de parálisis política y de incertidumbre institucional que afecta directamente tanto a los empleados y empleadas públicas como a los servicios que la ciudadanía recibe cada día.
Desde USO-Extremadura advertimos que, durante la disolución de la Cámara y el consiguiente periodo de Gobierno en funciones, el Ejecutivo autonómico pierde capacidad para adoptar decisiones esenciales: no podría aprobar nuevas ofertas de empleo público, acuerdos retributivos o de mejora de condiciones laborales, modificaciones de plantilla, ni proyectos de ley o presupuestos. En la práctica, esta situación congela la posibilidad de avanzar en procesos de refuerzos de personal y negociaciones laborales, dejando a miles de trabajadoras y trabajadores públicos en un limbo administrativo.

“Cada vez que Extremadura entra en un proceso electoral, se detiene el reloj de la Administración y, con él, la vida de muchas personas que esperan respuestas”,señala Luis Manuel Gil Maya, Secretario General de USO-Extremadura. “Los empleados públicos siguen prestando su servicio con profesionalidad y compromiso, pero sin certezas sobre su futuro laboral ni sobre los avances prometidos por el propio Gobierno de la Presidenta María Guardiola”.

La disolución parlamentaria no solo paraliza la acción política, sino que tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Miles de familias dependen de ofertas de empleo que ahora no podrían aprobarse; los servicios sociales, sanitarios, educativos y de atención a la dependencia se resienten por la falta de refuerzos; y Extremadura pierde, una vez más, meses valiosos en el avance hacia una administración moderna, eficiente y justa.
Desde USO-Extremadura defendemos que la estabilidad institucional es un requisito indispensable para garantizar derechos, consolidar plantillas y ofrecer servicios públicos de calidad. La ciudadanía no puede ser la gran perjudicada de una parálisis política que, en muchos casos, responde más a cálculos electorales que a las necesidades reales de Extremadura.

Por ello, exigimos a todos los partidos responsabilidad, diálogo y un compromiso claro con los trabajadores y trabajadoras públicas, que son quienes mantienen en pie los servicios esenciales incluso cuando las instituciones se detienen. Extremadura no puede permitirse más esperas ni más promesas congeladas.

USO-Extremadura reitera su compromiso de seguir defendiendo los derechos de todos los empleados y empleadas públicas, exigiendo certidumbre, diálogo y políticas laborales
estables al margen del calendario electoral.