La Unión Sindical Obrera (USO) denuncia públicamente el despido disciplinario de una de sus delegadas sindicales en el Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros, una actuación que esta organización considera arbitraria, desproporcionada, caciquil y propia de una estrategia de persecución contra quien ha ejercido con firmeza la defensa de los derechos de los trabajadores.

La situación resulta difícil de entender. El Ayuntamiento ha incoado dos expedientes disciplinarios por supuestas faltas graves y ambos han finalizado con la máxima sanción posible: el despido disciplinario. En la práctica, la delegada sindical ha sido despedida dos veces.

Estos dos expedientes deben analizarse en el contexto de conflictividad laboral y judicial que existe en este ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular. La delegada sindical despedida declaró previamente a la apertura de los dos expedientes disciplinarios como testigo en una demanda contra el Ayuntamiento que concluyó con una sentencia condenatoria por acoso laboral. Posteriormente, presentó una reclamación de cantidad frente a la propia Corporación municipal en defensa de su derecho a la igualdad retributiva respecto de otras trabajadoras al comprobar que, desempeñando el mismo trabajo y perteneciendo a la misma categoría profesional, percibía unas retribuciones muy inferiores a las del resto de sus compañeros. Ambas actuaciones constituyen el legítimo ejercicio de acciones judiciales para la defensa de derechos e intereses, tanto individuales como colectivos, de lo que se deduce una posible vulneración de la libertad sindical y de la garantía de indemnidad.

Con posterioridad a los hechos descritos y de manera prácticamente simultánea, la administración local procede a la apertura de dos expedientes disciplinarios, notificados el mismo día y tras una larga y farragosa tramitación, ambos son resueltos por la Alcaldía con la imposición de la máxima sanción disciplinaria: el despido.

Resulta especialmente preocupante que los dos expedientes disciplinarios hayan sido instruidos por el propio Secretario del Ayuntamiento, inmerso en la denuncia por acoso laboral en la que declaró como testigo la delegada sindical y siendo él quien formuló en ambos casos la propuesta de despido disciplinario, asumiendo con posterioridad la señora alcaldesa íntegramente dichas propuestas, acordando el despido de nuestra delegada en las dos resoluciones sancionadoras.

Desde USO defendemos que los hechos atribuidos carecen de la entidad necesaria para justificar una medida de tal gravedad y que, además, no han quedado debidamente acreditados, al sustentarse las resoluciones en afirmaciones genéricas, suposiciones y valoraciones insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

La delegada sindical despedida denuncia igualmente la existencia de diversas irregularidades durante la tramitación de ambos procedimientos. Entre ellas, cuestiona la imparcialidad del instructor, la desestimación de las recusaciones formuladas y el presunto incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad durante la instrucción. Estas circunstancias fueron puestas en conocimiento de la Alcaldía, que, a día de hoy, no ha dado respuesta a dichas denuncias antes de dictar las resoluciones sancionadoras.

USO considera especialmente relevante que la Alcaldía adoptara la decisión de imponer la máxima sanción disciplinaria con conocimiento pleno del contexto previo, circunstancias que, a juicio de USO, exigían un especial rigor de las garantías del procedimiento y de la eventual afectación de derechos fundamentales.

Nuestra delegada sindical también ha presentado la correspondiente demanda impugnando los dos despidos ante la jurisdicción social y desde USO llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender tanto a nuestra delegada como a la afiliada y esclarecer judicialmente unos hechos que entendemos extremadamente graves que han podido llevar a emitir resoluciones de despido injustas a sabienda.

Desde USO queremos trasladar un mensaje claro: defenderemos con firmeza a cualquier trabajador o representante sindical que pueda sufrir consecuencias por ejercer legítimamente sus derechos. Acudir a los tribunales, denunciar irregularidades o defender los intereses de la plantilla nunca puede convertirse en motivo de represalia en un Estado social y democrático de Derecho.