USO-Extremadura denuncia que la Junta pretende que los monitores de Actividades Complementarias subsistan con apenas 3.200 euros al año

El 15 de junio se publicó en el DOE la Resolución para prorrogar las actividades formativas complementarias en los centros públicos de educación infantil y primaria y específicos de educación especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2021/2022.

A través de la Consejería de Educación se imparten anualmente 625 actividades formativas complementarias para niños de toda la región. Para su impartición, la Junta de Extremadura cuenta con alrededor de 370 monitores indefinidos discontinuos y el resto son contratados de manera temporal. Estos monitores están contratados desde el mes de octubre hasta mayo a jornada parcial, percibiendo unas retribuciones que a duras penas superan los 400€ mensuales.

Este año, vuelven a impartirse la totalidad de las actividades formativas que estaban programadas antes del inicio de la pandemia, ya que el curso pasado, no se impartieron numerosas actividades formativas, lo que conllevó el despido de más de 30 monitores indefinidos discontinuos.

Esta situación fue judicializada por la asesoría jurídica de USO, consiguiendo que se les reconociese el despido improcedente y la correspondiente indemnización a abonar por la Junta y que a día de hoy siguen esperando, pese a que le propuso a la Consejería de Educación que no despidiese a estos trabajadores y suspendiese sus contratos durante ese curso y así evitar la posible indemnización.

Pues bien, en la Resolución del día 15 de junio, se vuelven a ofertar las actividades formativas de los monitores despedidos el curso pasado, por lo que tendrán que volver a contratar a 30 monitores más y habrán gastado innecesariamente la indemnización que, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tienen que abonar a cada uno de los que demandaron su despido.

Además de esto, cuando finaliza el curso escolar, a los monitores indefinidos la Junta les suspende el contrato hasta el siguiente curso, impidiéndoles que puedan volver a trabajar en cualquier otro puesto de trabajo en la Junta durante los meses de junio a septiembre. Es decir, la Junta considera que una persona que trabaja durante 8 meses impartiendo actividades complementarias tiene cubiertas sus necesidades vitales con una cantidad que apenas alcanza los 3.200 euros anuales.

Desde USO pedimos a la Junta que elimine esta cláusula que impide trabajar a este colectivo de trabajadores durante los meses de verano, ya que todos deben tener derecho a procurarse unas retribuciones lo suficientemente dignas para poder mantener a sus familias. También reclamamos que se inicie un proceso de negociación con los representantes del colectivo para reconocer y poner en valor su actividad y profesionalidad, no fomentando la precariedad laboral.