USO PONE DE MANIFIESTO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
8 Agentes de la Policía Local de Badajoz se verán obligados a acudir nuevamente a la Justicia al no cumplir ni Jefatura ni Ayuntamiento con la Sentencia que obligaba a devolverlos a su unidad de origen.
Increíble, pero cierto. Estos 8 agentes que fueron expulsados de la Unidad GIAPOL en febrero del año 2022 de forma no ajustada a derecho, se verán abocados a acudir nuevamente a la Justicia pese a haber obtenido ya sentencias favorables, tanto del Juzgado Contencioso Administrativo como del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en lo que supone un manifiesto desprecio del Superintendente y el propio Alcalde, Ignacio Gragera, a las decisiones judiciales.
En concreto, la primera sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 2 de Badajoz, favorable a los Agentes, data del 27 de octubre de 2022, y con posterioridad el Ayto. de Badajoz recurrió al Superior de Justicia de Extremadura, que también volvió a fallar a favor de los 8 policías el 17 de febrero de 2023. Así, el pasado 19 de abril se decretó la firmeza de la sentencia, disponiendo el Ayuntamiento de un plazo de 2 meses para cumplirla y devolver a los policías al destino del que nunca debieron ser expulsados, y todo por no plegarse a las descerebradas pretensiones personales de algunos mandos policiales, motivo por el que también fueron caprichosamente expedientados por la Jefatura, aunque posteriormente también los Juzgados les dieron la razón y el mismísimo Alcalde se vio obligado a revocar los expedientes disciplinarios.
Por tanto, nos encontramos con que el próximo 19 de junio vence el plazo para que estos 8 agentes sean devueltos a su Unidad y Grupo de origen sin que a fecha de hoy les haya sido notificado absolutamente nada por parte de la Jefatura, con el consiguiente perjuicio personal que todo este asunto les está ocasionando, tanto a nivel de conciliación familiar por los cambios de turno, como en lo profesional, ya que incluso algunos de ellos han llegado a sufrir un segundo traslado forzoso mientras estaban pendientes de que Jefatura y Ayuntamiento cumplieran la sentencia, quizás en represalia por haber demandado, por lo que no se descarta incluso solicitar del Servicio de Prevención Municipal la apertura del Protocolo de Acoso Laboral contra los responsables de esta situación, que son directamente el Superintendente y el propio Alcalde, que tan alegremente se presta a firmar y avalar todo documento que el primero le pone por delante.
